Ha desvirtuado la labor del Tribunal Constitucional y el mundo judicial observa con enorme preocupación el choque con el Tribunal Supremo a raíz de asuntos como la amnistía, la malversación de los condenados por el «procés» y la rectificación de las sentencias de la Audiencia de Sevilla y el propio Supremo sobre el escándalo de corrupción política, el llamado «fondo de reptiles» en el caso de los ERE en Andalucía. Desde su llegada a la presidencia del TC, Cándido Conde-Pumpido ha ejercido su labor siempre a caballo entre la justicia y la política, amparado por la mayoría de siete magistrados progresistas frente a los cuatro de la minoría conservadora. En los años de la transición, bajo el gobierno de Adolfo Suárez, el TC nació como un órgano de garantías sobre la Constitución del Estado y la vigilancia de su cumplimiento en las comunidades autónomas. Pero ahora, bajo la égida del «sanchismo», Pumpido y su corte de acólitos nombrados por el poder político (Balaguer, Segoviano, Díez o Campo), frente a los votos particulares de los conservadores, el TC se ha convertido en un Tribunal de casación sobre el Supremo, en un choque sin precedentes de consecuencias imprevisibles. Ninguno de sus antecesores, incluido Pascual Sala, nombrado a propuesta del PSOE, llegó tan lejos.
La anulación de las condenas en el escándalo de los ERE ha supuesto un choque frontal entre el TC y el Supremo, que anticipa el que con toda probabilidad se producirá cuando el TC tenga que pronunciarse sobre la amnistía, sobre todo después de la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, de no amnistiar el delito de malversación de los condenados por el «procés» y de que el juez Pablo Llarena haya mantenido la orden de detención del fugitivo Carles Puigdemont. En un durísimo auto la Sala Segunda critica la Ley de Amnistía, con un recado envenenado al Gobierno de Pedro Sánchez por la «gran precipitación» con que esta normativa vio la luz. Fuentes del TC indican la tensión existente entre sus miembros que, en opinión de muchos juristas, ha situado a la corte de garantías como un organismo «al servicio del Gobierno y del PSOE», en detrimento de su prestigio y exigencia de imparcialidad. En opinión de expertos juristas, el desmontaje de las condenas de los ERES y la forzada aplicación de la amnistía frente al criterio del Tribunal Supremo provoca una grave colisión entre ambos organismos y una invasión en la legalidad ordinaria, terreno que el TC tiene vetado. Para el PP, Conde-Pumpido actúa claramente «a favor del PSOE».
Veterano jurista curtido en mil batallas ante el broche de lujo a su dilatada y sólida carrera profesional de tantos años vinculada al Derecho, era el indiscutible favorito del propio Pedro Sánchez para el cargo. Cerraba así una larga carrera nunca exenta de polémicas, algunas dentro del propio TC. Conde-Pumpido estuvo en el ojo del huracán por sus desafortunados comentarios hacia la sentencia del entonces ponente y su antecesor, Pedro González-Trevijano, contra el primer estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez en la pandemia. «Es extravagante, propia de un lego y un jurista de salón», llegó a decir Pumpido en una nota filtrada a los medios de comunicación. Curiosamente, luego el ex fiscal general del Estado hubo de retractarse. El escándalo fue de campeonato y el propio Cándido se vio obligado a emitir un comunicado aclaratorio en el que se escudaba en un borrador interno del tribunal. Afirmó que era una filtración «interesada», y reafirmó su satisfacción por trabajar con unos compañeros de prestigio, sólidos juristas, enfocando la discrepancia «dentro del ámbito propio del debate jurisdiccional».
No era la primera vez que este magistrado progresista, activista de los derechos humanos, fundador de Justicia Democrática y fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero, se veía envuelto en polémicas sin ocultar nunca sus claras simpatías hacia el PSOE. Cándido Conde-Pumpido Tourón pertenece a una larga saga de juristas gallegos. Nacido en La Coruña, es hijo del fiscal Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, que fue teniente fiscal del Tribunal Supremo, y nieto del magistrado del mismo nombre, presidente de las audiencias territoriales de La Coruña, Valladolid y Valencia. Se licenció en Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Santiago de Compostela y ejerció sus primeros puestos como juez de primera instancia e instrucción en Puebla de Sanabria (Zamora) y en Carballino (Orense). Pero su consolidación profesional la forjó en el País Vasco, como magistrado de la Audiencia Provincial de San Sebastián desde 1981 a 1985, considerados «los años de plomo». Fueron los más violentos por los crueles atentados de la banda terrorista ETA y las respuestas de la llamada «guerra sucia» perpetrada por el GAL. Allí fue dónde Cándido se fogueó como juez y coincidió con otros compañeros que apostaron por la permanencia en Euskadi cuando entonces lo habitual era solicitar el traslado a demarcaciones más tranquilas.
En los años de la «guerra sucia» contra ETA en el sur de Francia Conde-Pumpido fue uno de los primeros jueces que condenó a personajes relacionados con aquellas prácticas como el comisario Manuel Ballesteros, a propósito del ametrallamiento del bar Hendayais que produjo tres muertos y nueve heridos. Fundó con Juan Alberto Belloch la Asociación pro Derechos Humanos en el País Vasco, la de Magistrados Europeos por las Libertades, y la asociación progresista Jueces para la Democracia. En materia de guerra sucia formó parte del grupo de magistrados que condenaron al ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán y al ex ministro del Interior José Barrionuevo por el secuestro de Segundo Marey. En abril del año 2004 fue nombrado fiscal general del Estado, cargo que repitió en un segundo mandato. Conde-Pumpido nunca ha sido un magistrado cómodo. Nadie pone en duda su dilatada experiencia, su solvencia jurídica y su cercanía de siempre al PSOE. Tampoco ahora se quedará quieto.
