En la conversación defiende con ardor el trabajo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) renovado. La magistrada habla del tiempo de bloqueo y denuncia, sin perderse en matices, las maniobras políticas para interferir en la independencia judicial. Y tampoco se calla sus dudas sobre la posibilidad real de que vaya a cambiarse el sistema de elección de los jueces para dar mayor protagonismo a la carrera en la designación de los doce vocales de procedencia judicial, tal y como se han comprometido PSOE y PP en el pacto que desencalla la renovación del Consejo.
¿Qué balance hace del Consejo General del Poder Judicial que cierra etapa después de más de cinco años y medio de bloqueo?
Muy positivo. Hemos cumplido con todas nuestras funciones, entre ellas, la de garantizar la independencia del Poder Judicial. Somos juezas y jueces constitucionales y europeos. Y eso a pesar de que en los últimos años los ataques han sido feroces, incluso con acusaciones directas a jueces con nombres y apellidos en el Parlamento o con la entrada en vigor en 2021 de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que nos prohibió, entre otras funciones, la de realizar nombramientos discrecionales (magistrados del Tribunal Supremo o presidentes de tribunales superiores de justicia).
Precisamente, el Gobierno justificó esta reforma en la necesidad de preservar la independencia judicial por no cumplirse el mandato constitucional de la renovación.
El Consejo, aunque se haya encontrado con su mandato prorrogado o en funciones, no perdió nunca su legitimidad. El bloqueo no ha dependido de los vocales del Consejo General del Poder Judicial: los cinco años de bloqueo, casi seis, son consecuencia de la falta de acuerdo y ni el presidente del Congreso ni el presidente del Senado promovieron la renovación.
[[QUOTE:PULL|||”No se pueden tolerar los ataques partidistas para influir en las decisiones judiciales”]]
Podían haber dimitido en bloque, como se exigía desde la izquierda, para obligar al acuerdo.
Nosotros hemos sido ajenos a la falta de acuerdos, y no podíamos dimitir en bloque puesto que hubiésemos incurrido en responsabilidades penales. Resulta paradójico que lo único que se cuestione es lo relativo a los nombramientos discrecionales. Nuestras funciones no se reducen a realizar nombramientos para cargos judiciales cuando se produzcan vacantes, sino que son mucho más amplias; no voy a enumerarlas todas, pero sí algunas, como la potestad reglamentaria, la selección de jueces y magistrados, la potestad disciplinaria, las competencias en formación, perfeccionamiento y especialización de jueces y magistrados o el ejercicio de su función inspectora y consultiva. Con ello, me pregunto: ¿por qué las acusaciones reiteradas de falta de legitimidad democrática sobre el Consejo solo se refieren a la función específica de los nombramientos discrecionales de cargos judiciales, y no se dice nada de las demás funciones administrativas? La contestación es fácil: porque la explicación más sencilla suele ser la correcta y se trata de que bajo el pretexto de la libertad de expresión subyace un intento de control del Poder Judicial y un ataque brutal a su independencia.
¿Con la misma responsabilidad para PSOE y PP?
Se ha dado a entender a los ciudadanos que los nombramientos para esos cargos judiciales se realizan desde el control político a través del Consejo, órgano de gobierno de los jueces, y se ha trasladado una imagen irreal, pero interesada, de politización de la Justicia a la sociedad bajo el pretexto de que estábamos en un Consejo prorrogado y caduco. Insisto, nada más lejos de la realidad, porque en el Consejo actual la mayoría de los nombramientos y decisiones plenarias han salido adelante con una mayoría de 18 votos de media.
¿Cree que se cumplirá el compromiso del acuerdo firmado por el Gobierno y el PP para que haya una propuesta de reforma del sistema de elección de los jueces en el plazo de seis meses que marca el pacto?
Lo importante es que se ha producido la renovación del Consejo General del Poder Judicial. A partir de ahí, no sé lo que ocurrirá. Es difícil adivinar y me niego a ser pesimista. El hecho objetivo es que durante más de cinco años no se ha conseguido que los doce jueces se elijan por los jueces y ahora es el momento adecuado para que ocurra. El nuevo Consejo cumplirá con su cometido, pero no tengo tan claro qué hará el Parlamento. El objetivo debe ser el cumplimiento de los estándares europeos, donde sí que son los jueces los que eligen a sus pares.
¿Cuál es la fórmula para avanzar en la ansiada despolitización de la Justicia?
La injerencia política en el Poder Judicial denota una politización contraria a la separación de poderes que requiere el Estado de derecho. En el momento en el que un juez tiene que investigar, resolver o decidir sobre un asunto donde haya implicados políticos ya se empieza el ataque contra el juez con la finalidad de crear opinión en la ciudadanía y de presionarle en sus decisiones. Que los políticos dejen de manosear a la Justicia y se pongan a tomar las medidas oportunas para agilizarla y para que funcione bien. Por ahí es por donde hay que empezar.
Entiendo que para usted sí hay una politización de la Justicia, pero no una justicia politizada.
La justicia de España es independiente, y no se pueden tolerar los ataques partidistas que está sufriendo desde el poder político en sus deseos de influir en las decisiones judiciales No me gusta el término «lawfare», porque no se corresponde con la realidad y se usa para encubrir lo que realmente se pretende decir, que es que los jueces somos prevaricadores.
[[QUOTE:PULL|||«Que el TC se convierta en una tercera instancia judicial afecta a la democracia»]]
En la izquierda utilizan el término «lawfare» para denunciar que, a su juicio, hay una Justicia de derechas y que trabaja para la derecha.
Eso es mentira y se está contaminando a la población. La capacidad democrática de un país se mide por su grado de independencia del Poder Judicial. Una cosa es el ejercicio prudente y responsable de la crítica y de la libertad de expresión, y otra, la presión o injerencia en el Poder Judicial, y en el Parlamento han llegado a crearse comisiones de investigación para que los jueces comparezcan y den explicación de su actuación profesional. Ante lo que el Consejo tuvo que pronunciarse dejando clara su negativa a esa injerencia.
¿El Tribunal Constitucional también actúa de manera independiente?
El Tribunal Constitucional no es Poder Judicial, el Poder Judicial lo integran los jueces y magistrados que son independientes, inamovibles, sometidos al imperio de la ley y bajo el principio de responsabilidad. Ahora, sobre lo que me pregunta, creo que la calidad democrática de un Estado se mide por el grado de independencia del Poder Judicial, y que el Tribunal Constitucional se convierta en una tercera instancia judicial sí afecta a la democracia y a la imagen de la Justicia. Los juristas sabemos lo que es el Tribunal Constitucional y lo que es el Poder Judicial, y si lo que se pretende es confundir, también se ha conseguido.
¿Cree que Carles Puigdemont llegará a verse beneficiado por la amnistía o que esta es de imposible aplicación al ex presidente catalán?
Es el Tribunal Supremo el que lo debe decidir. No me corresponde a mí y prefiero no pronunciarme en asuntos constitucionales. Como vocal del Consejo ya me pronuncié sobre la Ley de Amnistía cuando, como órgano consultivo, realizamos el informe. La Constitución deliberadamente excluyó la amnistía al regular el derecho de gracia. Ese silencio en la Constitución no sirve ni puede servir para justificar su constitucionalidad. La amnistía, en definitiva, consiste en dejar sin efecto las decisiones judiciales y sentencias dictadas por los tribunales en cumplimiento de las leyes vigentes en el momento de la comisión de los hechos delictivos. Incide directamente en la degradación del Estado de derecho.
[[QUOTE:PULL|||«La Constitución deliberadamente excluyó la amnistía al regular el derecho de gracia»]]
Por último, renovado el Consejo, ¿se ha arreglado el principal problema de la Justicia?
La injerencia en la independencia del Poder Judicial puede ser llevada a cabo desde distintos ámbitos y el primero de ellos es la tardanza en la renovación del Consejo. Pero otro ataque, como comentamos antes, ha sido la imposibilidad de que el Consejo pueda realizar nombramientos discrecionales, prohibición que realizó el Gobierno junto con alguno de sus socios, en el año 2021 y que ha producido el colapso en el Tribunal Supremo y en los otros tribunales superiores de Justicia y audiencias provinciales. También se ataca directamente al Poder Judicial con la falta de jueces. En 2023 pedimos al Ministerio de Justicia la creación de 290 plazas de jueces, con informe del sistema de inspección, y solamente ha creado 70. No hay que olvidar que lo que realmente llega al ciudadano es que su caso, su pleito, su divorcio, su petición de reconocimiento de su incapacidad laboral, su reclamación por deudas, tarda cuatro, cinco o más años en resolverse. La renovación del Consejo aliviará el sistema, era necesario, pero también es necesario que los políticos se pongan a tomar las medidas oportunas para agilizarla y que funcione bien, que la doten de jueces y magistrados y de medios materiales suficientes para poder dar una respuesta eficaz al ciudadano.
¿Ve viable que Cataluña tenga su propio órgano de gobierno de los jueces?
Ya hubo un intento y el TC lo desechó. No lo veo acorde con la Constitución y sería otro intento para controlar el Poder Judicial. La Constitución española no habla de consejos del poder judicial autonómicos.
