Para comentar que el Tribunal Supremo dejaba fuera de la amnistía el delito de malversación, la televisión pública catalana se permitió emitir la semana pasada el siguiente titular: «Los jueces boicotean la amnistía». Fue el pasado martes, dos de julio de 2024, a las diez horas de la mañana. Obsérvese que no traslada qué tribunal es el sujeto de los hechos, sino que hace una generalización arbitraria y lo convierte en todos los jueces, señalando a todo un colectivo de una manera absoluta. Obsérvese también el verbo escogido de una manera nada inocente: «Boicotear». Atribuir un boicot supone dar a entender que se han organizado personas de una manera deliberada, coordinándose entre ellas, para conseguir un propósito. Con lo cual, en la línea del mejor comportamiento conspiranóico, ya tenemos alguien al que acusar en general de estar tramando las peores maldades si nos contradice.
Yo no sé si es muy buena idea que los medios de comunicación de titularidad pública se dediquen a practicar y alentar el tipo de conductas de pensamiento conspiranóico. Lo que sí sé es que, si escogen esas palabras para que aparezcan en pantalla, su intención no es trasladar a la ciudadanía los hechos concretos sino hacerles llegar una versión sesgada e intencionada que quieren hacer pasar por factual.
Es lo malo de las generalizaciones: que, con ellas, o aciertas del todo o te equivocas del todo. En este caso, la equivocación es groseramente colosal porque se supone que informar consiste en trasladar al público los hechos, absteniéndose de interpretaciones sesgadas.
Lo curioso es que episodios como éste suceden apenas quince días después de que el presidente del Gobierno haya anunciado un paquete de medidas para supuestamente mejorar la calidad democrática de los medios de comunicación de titularidad privada y, en cambio, no dice ni pío de palmarios ejemplos de desinformación de la pública como el que acabamos de recapitular, ni en un sentido ni en otro. ¿Hemos de entender que TV3, la televisión regional de Cataluña, es según sus palabras uno de esos «pseudomedios» a los que se refería Sánchez? Porque a la literalidad del discurso del propio presidente me remito cuando, en su comparecencia del 29 de abril, se dejó decir que: «Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan al debate racional basado en evidencias, entonces no merece la pena».
Personalmente, soy también un gran aficionado a todo aquello basado en evidencias. Dejo al juicio de la inteligencia del lector el justiprecio de si el episodio que acabo de relatar encaja o no a la perfección en la descripción de groserías que hizo Sánchez.
Quizá en lugar de hacer difusas apelaciones genéricas a una regeneración de la calidad democrática, lo que tendríamos que revisar es la calidad informativa y las intenciones propagandísticas de los medios públicos. Es notorio, y comentado a voces en la calle desde hace ya mucho tiempo, que cada uno de ellos sirve a una ideología concreta, la de aquel que está a su mando. El bombardeo de informaciones previamente editadas con interpretaciones sesgadas es tal que la única manera de sacar el agua clara de cualquier hecho reciente es verlos todos, leerlos todos, y entonces extraer una opinión media con los escasos retales de verdades que laboriosamente vamos decantando en todo ese marasmo de propaganda más o menos sutil. Pero para hacerlo nos encontramos con un obstáculo insalvable: que la vida moderna con sus exigencias y obligaciones no nos permite emplear el tiempo necesario para compilar ese decantado. Nos encontramos, como diría Tocqueville, ante un nuevo sistema de servidumbre, anclado en el paternalismo y la irresponsabilidad.
Lo público no puede ser un sistema en el que los ciudadanos deban ser llevados para siempre de la mano a través de la propaganda. Que tal cosa es lo que está sucediendo queda patente contemplando cómo los políticos actuales dedican más tiempo de su tarea a la comunicación que a la gestión. Con la revolución de la capacidad de almacenamiento y transmisión de datos, muchas más cosas han pasado a ser visibles para muchas más personas. Querer reglamentar, gestionar y administrar esa visibilidad (esas evidencias), si alguien desea hacerlo de buena fe, que empiece regenerando lo público.
