El 17 de julio es la fecha elegida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para presentar ante el Congreso su plan de regeneración y de modificación de la publicidad institucional. Es un plan alumbrado al calor de las informaciones sobre la actividad profesional de su esposa, Begoña Gómez, que, con independencia de que sean o no legales, tienen una mala valoración ética. La estrategia del victimismo y de embarrar el terreno le ha funcionado bien al Gobierno, que ha ido aguantando el desgaste del «caso Koldo» y el goteo de informaciones que colocan a Begoña Gómez en una situación comprometida, aunque toda la polémica se quede, finalmente, en el plano de las responsabilidades políticas exigibles al presidente del Gobierno; a su equipo, por no estar en alerta para impedir que se dieran las situaciones que hoy se investigan; y a su esposa, por la inconveniencia ética de sus relaciones con empresarios desde el puesto institucional que ocupa.
En cualquier caso, hay discusión en el PSOE y en el PP sobre cómo están gestionando en la dirección de cada uno de ellos este asunto. Es la primera vez que la esposa de un presidente del Gobierno se encuentra en primera línea del escándalo y en una situación tan comprometida. Pero, sin embargo, todos los demás agentes se están comportando como siempre lo hacen ante un presunto caso de corrupción. Los partidarios, negándolo todo, incluso los hechos probados. Los adversarios políticos, negando incluso la presunción de inocencia en su ansia por utilizar esos hechos probados para terminar con el jefe del Ejecutivo.
Que este viernes se tomara la decisión de retrasar la declaración de Begoña Gómez alarga la agonía política y el efecto desgaste sobre Pedro Sánchez, sobre el PSOE y sobre la más directa protagonista. Pero en medios populares también creen que su jefatura pierde una buena oportunidad si se queda en la crítica y no contraataca con propuestas alternativas a la estrategia de Moncloa de desviar la atención hacia el plan de regeneración, que ha colocado en la diana a los jueces y a los medios de comunicación.
En el PP consideran que con el «caso Begoña Gómez» no deben quedarse solo en morder el cuello del presidente y de su esposa, sino que deben aprovechar para ejercer de partido de gobierno, y más votado en las últimas elecciones generales, para presentar un plan que evite que haya más «casos Begoña Gómez». A veces, internamente perciben que hay críticas «demasiado forzadas», sobre todo por parte de algunos dirigentes del entorno de más confianza del presidente del PP, y que «faltan alternativas». No se entiende, por ejemplo, que desde Génova no estén prestando más atención a defender una propuesta que demuestre que es necesario que la regulación de los conflictos de interés de cargos públicos debe determinar mejor su alcance sobre familiares. Y que también tiene que complementarse con un mandato de observancia ética, al margen de la administrativa y penal, para las personas físicas y jurídicas con coparticipación en ese conflicto.
En la organización popular echan en falta que Feijóo no responda a la «mordaza» de Sánchez con un paquete democrático alternativo que incluya una reforma de la ley de 2015 sobre el ejercicio de alto cargo en la Administración General del Estado y de las demás disposiciones administrativas que afectan al proceso para acotar bien este agujero. Otro fallo está en la oficina de conflicto de intereses, que hoy es una mera instancia en el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.
Hasta ahora toda la atención se está colocando en la responsabilidad política del presidente y en la falta de explicaciones de Begoña Gómez sobre sus negocios y sus relaciones con empresarios. Pero, aunque les resulte incómodo apuntar hacia la otra parte del presunto tráfico de influencias, también sería necesario –se escucha decir en el PP– que «en el ejercicio de nuestra responsabilidad» miremos hacia las empresas que se han comportado con tanta generosidad con Begoña Gómez solo por ser la mujer del presidente del Gobierno». Sin esa condición de «mujer de», las empresas que participaron de sus actividades profesionales es muy posible que ni la hubieran recibido como ciudadana particular, a lo que ella se aferra, por cierto, para denunciar que es víctima de una cacería política. Ciudadana particular para sus relaciones con empresas, algunas de ellas participadas por el Estado, pero no, lógicamente, para su comparecencia ante los juzgados de Plaza Castilla.
El juez Peinado tampoco es un modelo de orden y discreción. Incluso entre la judicatura más cercana a la derecha hay críticas hacia su actuación y hacia la manera en la que está llevando la instrucción del «caso Begoña Gómez». Mientras se mantenga abierta la investigación, el juez seguirá siendo protagonista de informaciones, filtradas a medios de izquierda y desde el entorno del Gobierno. Algunas de ellas afectan a su patrimonio, pero también han empezado a circular otra sobre sus relaciones con figuras destacadas del Partido Popular.
