El Gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció hace dos semanas su intención de cerrar todos los pisos turísticos legales de la ciudad: los 10.000 que tienen número de registro de vivienda de uso turístico (HUT, en sus siglas en catalán) de la Generalitat. El objetivo es paliar la crisis de vivienda, que vuelvan al uso residencial, y para hacerlo se ampara en el decreto del Govern que emplaza a los ayuntamientos catalanes a redactar, antes de finales de 2028, planes urbanísticos que fijen cuántos y donde quieren la oferta de pisos turísticos. En el caso de Barcelona, la fórmula es no hacer plan y no permitir ni uno. Otra cosa es la oferta ilegal, que el consistorio persigue con un batallón de inspectores y herramientas jurídicas e informáticas desde 2018. Pero esa es otra guerra. Mientras, y ante la batalla legal que se avecina por parte de los propietarios de los pisos turísticos, la que sigue es la radiografía de los 10.000 legales que hay en Barcelona.
