El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, quien ejerce la defensa del exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, ha manifestado este domingo que tras anular el Tribunal Constitucional (TC) la condena a siete años, once meses y un día de prisión que impuso la Audiencia de Sevilla a este exmandatario por malversación en el “procedimiento específico” de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos; confía en que sea finalmente este lunes cuando sea ordenada la “libertad inmediata” de su representado.
En una entrevista en la Cadena Ser el letrado defensor del exconsejero Antonio Fernández ha recordado que el Constitucional ha estimado parcialmente su recurso de amparo y ha anulado tanto la sentencia inicial condenatoria de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, como la posterior sentencia del Supremo que desestimó su recurso de casación contra dicha condena a siete años, once meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por 19 años, seis meses y un día, por un delito continuado de prevaricación en concurso con otro delito continuado de malversación.
Además de anular tales sentencias, el TC ordena a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva resolución respecto a Antonio Fernández, aplicando los fundamentos jurídicos incorporados por el Constitucional al asunto.
Al punto, Martínez del Hoyo ha señalado que en el caso de otros de los condenados a cárcel por este caso cuyos recursos de amparo han sido estimados al menos en parte por el TC, como por ejemplo el exconsejero socialista de Innovación Francisco Vallejo, dicha decisión del Constitucional ha sido “anticipada” a la Audiencia, que ha resuelto la “excarcelación” merced a la anulación de su sentencia inicial condenatoria.
Y es que en el caso de Antonio Fernández, así como también en el caso el exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román, a pesar de que la sentencia anulatoria de su condena figura en la página web del TC “desde las 15,00 horas” del pasado viernes, “no se ha producido ninguna notificación directa” a la Sección Primera Audiencia, que como órgano autor de la sentencia inicial “tiene jurisdicción exclusiva sobre la situación personal de Antonio Fernández”.
Pese a los contactos mantenidos el pasado jueves y el viernes con el TC, según el letrado, dicha instancia no ha dado “respuesta o explicación” sobre los motivos de esta situación.
“Confiamos en que una vez publicadas las sentencias en la web, el lunes sea comunicado a la Audiencia y esta pueda optar por una decisión que a mi criterio, no puede ser otra que la libertad inmediata”, señala el abogado, argumentando que el TC, en su fallo, ordena a la Audiencia que antes de dictar su nueva sentencia sobre Fernández, “retrotraiga las actuaciones al momento anterior al dictado de esa sentencia” anulada, momento en el que el exconsejero “era un ciudadano libre” y ajeno a cualquier “medida cautelar”.
El TC expone en su sentencia que “el fundamento de la condena de Antonio Fernández, conforme a la sentencia de la Audiencia, viene integrado por su intervención en la elaboración y tramitación de los presupuestos de los ejercicios 2002 a 2009; su intervención en la tramitación y/o aprobación de modificaciones presupuestarias desde el año 2000 hasta 2009; y su relevante papel en las ayudas sociolaborales y los convenios a través de los que se instrumentaron, ya que tomó parte en las decisiones sobre la concesión de aquellas, la forma de cuantificarlas y la información sobre las mismas y firmó tanto el convenio marco como diversos convenios particulares; con conocimiento de ‘la palmaria ilegalidad de los actos’ en los que participó”.
Según el TC, la Audiencia “insiste” en su sentencia “en que a través de las sucesivas actuaciones presupuestarias se puso a disposición del director general de Trabajo”, el ya fallecido Francisco Javier Guerrero, también condenado por este caso; “fondos para que pudiera disponer de ellos sin sujeción a la fiscalización de la Intervención de la Junta y sin necesidad de tramitar expediente alguno, en este caso, el de subvenciones excepcionales”.
