Los estrategas de Moncloa lo tenían claro desde el principio: cualquier cambio sustancial o cualquier decisión polarizadora desemboca en el Tribunal Constitucional. Por tanto, contrólese. Y a fe que lo hacen.
La doctrina es de una practicidad inmisericorde: olviden los estúpidos intentos de reformar la Constitución para adaptarla a los intereses particulares de un presidente concreto. Eso es inviable, dada la correlación de fuerzas vigente. Pero sí es factible hacer una relectura creativa del texto constitucional, de manera que donde dice algo que no te gusta, tú puedas hacer una interpretación que se adapte a tus necesidades.
Así, en el fraude de los ERE del PSOE andaluz, que es un evidente caso de corrupción masiva, el Tribunal Constitucional deconstruye las sentencias para transformar a quienes cometieron la fechoría en héroes de la clase obrera, castigados injustamente por el fascismo judicial. Y el argumentario añade que a nadie debe importarle que la condena fuera establecida y reiterada por una veintena de jueces en la Audiencia Provincial del Sevilla y del Tribunal Supremo, y que ahora esté siendo deshilachada por, entre otros, un exministro de Pedro Sánchez (Juan Carlos Campo) y una antigua directora general del ministro Félix Bolaños (Laura Díez), con despacho en Moncloa. Parafraseando aquella famosa máxima referida a la corrupción, el poder se ejerce, y el poder absoluto se ejerce absolutamente. La siguiente meta volante será la ley de amnistía y las decisiones del Tribunal Supremo contrarias a su aplicación. Todo eso acabará en el Constitucional y todo se resolverá a favor de las tesis del Gobierno. Igual que el CIS del sanchismo se recordará como «el CIS de Tezanos», así el TC del sanchismo será recordado como «el TC de Conde-Pumpido».
Consuélense al saber que episodios como estos no los tenemos en exclusividad. En Estados Unidos, la Corte Suprema, controlada por una mayoría de magistrados conservadores o directamente trumpistas, ha decidido que Donald Trump era impune para cualquier decisión que adoptase mientras ejercía la presidencia. Como ya dijo Richard Nixon sobre el caso Watergate, «si el presidente lo hace, eso significa que no es ilegal». Prepárense para lo peor.
