La manifestación del 29 junio, en la que al menos 15.000 malagueños salieron a la calle ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna y la turistificación que está sufriendo la ciudad, ha provocado una oleada de reacciones de diferentes colectivos y que las administraciones jueguen a pasarse este problema unas a otras. Lo que para unos significó el inicio de un cambio de rumbo para terminar con el «modelo de ciudad» de Málaga, para otros solo fue un ataque al turismo, el sector económico más importante de la provincia.
Tras la manifestación, el alcalde de Málaga desde el año 2000, Francisco de la Torre, que se negó en febrero a declarar la ciudad como «zona tensionada» para limitar el precio del alquiler acogiéndose a la nueva Ley de Vivienda, recriminó al Gobierno de España que haya tardado seis años «en plantearse qué puede hacer para que la oferta de viviendas turísticas no incremente el actual problema de vivienda» y reclamó a los empresarios de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) que «se deben construir también Viviendas de Protección Oficial (VPO)». El juego de la patata caliente entre el Ayuntamiento, que considera que «no es un drama» vivir en otros municipios como Álora o Cártama y que «el tema está en vía de solución», el sector turístico y los grupos de oposición, ha seguido durante toda la semana hasta desembocar incluso en un manifiesto de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) contra la «turismofobia», apoyada también por otros colectivos.
En este punto, el decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga (UMA), Antonio Guevara, está convencido de que «en Málaga no hay turismofobia» y apela a todos los agentes implicados a dejar de lado las ideologías. «No están en contra del turismo, pero sí están indicando que el turismo ha cambiado la ciudad y que no es cómo debería haberse mantenido», explica el profesor. Al respecto, señala que «hay que ser conscientes de que tenemos un problema de sobrecarga en determinados lugares de la ciudad por un mal control de los flujos turísticos», lo que ha provocado que exista «un sentimiento de que se han perdido espacios –comercios locales, restaurantes y bares malagueños o establecimientos icónicos– en la ciudad».
El decano de Turismo de la UMA cree que «lo que ha colapsado el sector ha sido la proliferación indiscriminada de viviendas con fines turísticos», provocando que se generen «negocios efímeros» y un cambio en la fisionomía del centro. No obstante, Guevara insiste en que «el precio de la vivienda no solo depende de la vivienda con fines turísticos, sino de otros muchos factores que tensionan el mercado». Al respecto, pone como ejemplo el incremento del precio de la vivienda en las barriadas de La Luz, La Paz o Palma-Palmilla, producido por otros factores. Por ello, apuesta por estudiar cuáles son las zonas tensionadas, el impulso y promoción de VPO y la liberación de suelo para las viviendas protegidas, entre otras cosas. En general, opina que «hay un problema de planificación clara» por parte de las administraciones porque «lo público tiene mucho que decir en el turismo», una actividad que define como «la que se desarrolla en el espacio público, pero se comercializa por la empresa privada» y que «como es normal», insiste, si no se controla buscará explotar al máximo su actividad. El problema, lamenta Guevara, radica en que «las medidas que se incorporen ahora se empezarán a ver en un plazo de cinco años».
En el plano de las VPO, según un informe de la promotora Culmia, la provincia de Málaga necesitará 68.500 viviendas nuevas con carácter protegido en los próximos 20 años, concretamente 3.400 anuales y una inversión pública de 2.480 millones de euros. Para Susana Gómez, decana del Colegio de Arquitectos de Málaga (COA Málaga), el principal problema que afronta la ciudad es la escasez de vivienda, especialmente de VPO, una situación que en la capital se ve alterada por el crecimiento poblacional de los propios malagueños como de todos aquellos que vienen del extranjero atraídos por «el turismo, el sector tecnológico y el teletrabajo». Al respecto, demanda «un pacto público-privado» porque «si no se han generado VPO es porque no es rentable para las empresas», asegura. La vivienda turística es para la decana un factor más de los que influyen en el incremento de precios, aunque insiste en que «no se está dando cumplimiento de la construcción del 30% de VPO» que exigen los planes urbanísticos.
Según los últimos datos del INE, Andalucía es la región española con más viviendas turísticas (82.454), concentrándose en su mayoría en Málaga (7.038). Son 1.804 pisos turísticos menos que Barcelona (8.842), una diferencia poco significativa teniendo en cuenta que Barcelona tiene una población tres veces mayor. Según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga, hasta el 12 de junio había inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía 12.196 viviendas de uso turístico, lo que supone 63.594 plazas. En algunas zonas, como el entorno de la plaza de La Merced (centro), casi un 70% de las viviendas están dedicadas al turismo. Tras la manifestación, la Junta de Andalucía ha dado de baja 435 licencias, lo que resulta en 11.600 pisos turísticos actuales. Asimismo, según De la Torre, desde el Ayuntamiento de Málaga, que desde junio solo permite que se inscriban viviendas turísticas con entrada independiente en edificios en el que se comparte el uso residencial, se está trabajando en un estudio para conocer «el nivel de presencia de viviendas turísticas en los barrios» y decretar cuáles podrían ser catalogados como saturados.
