El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha elegido la
capital leonesa para celebrar, el próximo 9 de octubre, una jornada en la que
se abordarán los principales desafíos de la ciberseguridad en los gobiernos
locales de la Comunidad, como, por ejemplo, la gestión de riesgos y las
obligaciones que, en esta materia, conciernen al municipalismo conforme a la
normativa europea.
Así lo anunció este lunes 8 de julio el presidente del
órgano fiscalizador autonómico, Mario Amilivia, durante el seminario de
“Gestión financiera y ciberseguridad de las universidades públicas”, que ha
tenido lugar en la Hospedería Fonseca de la Universidad de Salamanca.
Tal como avanzó, la jornada sobre el estado de la
ciberseguridad en las entidades locales tendrá como marco la Universidad de
León como institución colaboradora el próximo 9 de octubre. También colabora el
Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Castilla y León.
Un foro que reunirá a expertos en seguridad informática,
técnicos de la Administración local, de las empresas tecnológicas y de las
universidades que debatirán sobre los retos de la seguridad de la información
electrónica en las entidades locales.
Al mismo tiempo, se pondrán en valor los informes de
análisis de seguridad informática ya realizados y los que tiene en marcha el
Consejo para abordar los diagnósticos de los controles observados en estas
entidades y también los avances que se están logrando, tal y como se viene
constatando.
En tal sentido, señaló que, en el ejercicio de sus
funciones, “el Consejo de Cuentas debe poder confiar en los datos contenidos en
los sistemas de las entidades fiscalizadas como único soporte existente de la
información económica y financiera, y para ello es necesario que existan unos
controles eficientes de ciberseguridad”.
En esta línea, “las recomendaciones que realiza el Consejo
son claves a la hora de servir de guía y acicate a las entidades auditadas,
pudiendo ser tomadas como punto de partida por otras administraciones que
quieran mejorar su seguridad informática”, aseguró.
El Consejo amplió su actividad fiscalizadora desde 2020 a un
ámbito esencial en las administraciones como es el de las nuevas tecnologías,
siendo pionero, junto con la Sindicatura de Cuentas de Valencia, en la
incorporación de la ciberseguridad al universo de la auditoría pública en
España.
En este periodo se han realizado ya 18 informes sobre esta
materia, encontrándose en elaboración otros 13, entre ellos los del análisis de
la seguridad informática de los ayuntamientos de Segovia, Soria y Zamora, que
completarán la serie de capitales de provincia.
En el ámbito autonómico se está realizando el análisis de la
gobernanza en materia de ciberseguridad de la Gerencia Regional de Salud y de
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. También está en
marcha, en colaboración con el Tribunal de Cuentas, la fiscalización del
programa para la digitalización del sistema educativo en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
18 auditorías a las universidades públicas
En su intervención en el acto de apertura del seminario en
Salamanca, Amilivia precisó que hasta la fecha el órgano de control externo ha
realizado 18 auditorías a las universidades públicas, cuyas cuentas anuales y
las de sus entes dependientes fueron objeto de agregación o consolidación a la
Cuenta General de la Comunidad hasta 2015, uniéndose a partir de 2016 a la
Cuenta General como anexo a la Memoria.
Durante el presente mandato, el Consejo ha fiscalizado la
gestión económico-financiera de cada una de las cuatro universidades y de sus
entes dependientes, y ha realizado otra auditoría sobre la implantación de la
contabilidad analítica.
En la actualidad, se elaboran otras dos, una sobre el
posicionamiento de las cuatro universidades públicas de la Comunidad en los
rankings internacionales y otra sobre la gestión del personal.
La última fiscalización específica a la Universidad
salamantina reflejó una buena situación económico-financiera tras cancelar su
deuda histórica y el cumplimiento de la recomendación de situar al Consejo
Social como garante del control interno.
En conjunto, la suma de los presupuestos iniciales de las cuatro
universidades para el presente ejercicio asciende a 774 millones de euros, de
los cuales 277,7 corresponden a la USAL; 262 a la UVA; 137,6 a la ULE y 86,2 a
la UBU.
En el apartado de colaboración, Amilivia apuntó que la
Universidad de Salamanca y el Consejo de Cuentas suscribieron en noviembre de
2020 un acuerdo marco para promover actividades de formación, enseñanzas de
especialización, investigación y transferencia de conocimiento con la puesta en
marcha de los oportunos convenios.
Así, entre las actuaciones previstas figura la participación
y celebración de jornadas especializadas. Y en esta línea, una de las medidas
estratégicas del Consejo de Cuentas es la relativa a la promoción de
actividades relacionadas con el ámbito de estudios del control externo en
coordinación con las universidades públicas, como es el caso.
