Los secretarios generales de los dos principales sindicatos del país, Unai Sordo por CCOO y Pepe Álvarez, de UGT, han suscrito, con 72 juristas de diferentes provincias (catedráticos de derecho penal, magistrados y abogados) un comunicado en el que muestran su “intensa preocupación” por “las últimas interpretaciones realizadas por algunos Juzgados y Tribunales, sobre el alcance del delito de terrorismo”. Se refieren, en concreto, al auto del Supremo del pasado 29 de febrero de 2024 por el que el alto tribunal asumió investigar a Carles Puigdemont en el llamado caso Tsunami Democràtic, por uno de los delitos no incluidos en la ley de amnistía, esto es, el terrorismo que haya causado de forma intencionada “graves violaciones de derechos humanos”.
