En un mercado laboral como el español, en el que apenas el 8 por ciento de los trabajadores cumple una jornada laboral de 39,5 horas semanales, un 45 por ciento no llega a las 38,5 horas y presenta los peores índices de temporalidad de toda la Unión Europea no parece que la reducción por decreto de las horas de trabajo tenga una especial urgencia, especialmente, si el resultado se traduce en una pérdida de la competitividad, cuyas consecuencias caerán sobre unas empresas que sufren una inaudita presión fiscal. Con un problema añadido que, ciertamente, retrata una manera de legislar desde la prepotencia ideológica y alejada de la realidad, que lleva al absurdo de imponer las mismas condiciones a sectores, como la Agricultura o la Hostelería que tienen una fuerte carga estacional en la producción.
Ayer, tras la intervención del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, los representantes de la patronal volvieron a la mesa de negociaciones de la que habían sido expulsados por la cerrazón de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se atrevió a plantear un ucase que la mera dignidad de los empresarios no podía admitir. Así, tras el toque de la parte socialista del Gobierno, consciente de la incomodidad de algunos de sus socios parlamentarios, como el PNV y Junts, ante una medida populista de tal naturaleza, se ha producido un cambio en el fondo y en la forma de las negociaciones, abandonando la pretensión ministerial de imponer fechas límites al diálogo y admitiendo fórmulas de distribución irregular de la jornada anual, que atemperen el daño en los sectores más perjudicados, y de flexibilidad en el calendario de aplicación.
Con estas apreciaciones no queremos decir que estemos de acuerdo con una decisión ideológica que no responde a demanda social alguna, sino a los intereses personales de una ministra, Yolanda Díaz, que bracea en la irrelevancia desde que el proyecto político de Sumar ha tomado la senda del desplome. Porque, además, no se trata de una medida inocua, sino de una grave imposición que, según los cálculos más moderados, va a suponer pérdidas directas de unos 11.000 millones de euros, que en su mayor parte tendrá que absorber el tejido empresarial, con mayor incidencia en las pequeñas y medianas empresas, que conforman la parte del león del mercado laboral y son las que presentan más dificultades para adaptarse a la reducción de jornada.
Hablamos de perder más de doce millones de horas de trabajo a la semana, cuando en otros países, como Grecia, con problemas de baja productividad, alto nivel de paro y una función pública sobre dimensionada se tiende al camino contrario, con el análisis desapasionado de las características propias de cada sector. En cualquier caso, el toque de aviso a la ministra Díaz ha conseguido que, cuando menos, se escuche a los empresarios. Un hito.
