La semana en la que se desbloquea la Operación Campamento, la izquierda reactiva las movilizaciones en Madrid. La Plataforma de Inquilinas e Inquilinos ha convocado una protesta el 13 de octubre bajo el lema «La vivienda es un derecho, no un negocio», que ha avivado tras la aprobación del histórico proyecto. Treinta años después del primer diseño, los antiguos cuarteles darán paso a un desarrollo urbanístico al suroeste de la capital con 10.700 pisos en régimen de compra y alquiler a precios asequibles.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exhibido buena sintonía con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y agrupaciones y partidos de izquierda han apretado el botón de alarma. Entre ellos, Más Madrid, cuya portavoz municipal, Rita Maestre, ha mostrado su desacuerdo con el pacto entre el Ayuntamiento y el Gobierno tras votar en contra de la iniciativa.
Más Madrid califica el modelo de «fracasado» y los convocantes de la manifestación reaccionan. El partido de la ministra Mónica García dice que el pacto de Cibeles con Moncloa es una «oportunidad perdida» y el movimiento amenaza con una «huelga de alquileres» si se mantienen lo que consideran abusos que afectan especialmente a grandes ciudades como Madrid. Culpan a la Comunidad de practicar políticas que favorecen los intereses del mercado y de inacción al Gobierno, después de que PP, Vox y Junts rechazaran en el Congreso la proposición de Ley para regular el alquiler de temporada.
Más Madrid y Podemos, fuera del tablero político madrileño, forman parte de la amalgama de siglas que invitan a tomar las calles de Madrid en defensa de «una vivienda digna». Otras organizaciones implicadas son la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), Amnistía Internacional y los sindicatos CCOO y UGT. También Fridays for Future, el movimiento climático fundado por Greta Thunberg, y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), germen político de Ada Colau, cuyo legado en materia de vivienda en Barcelona es más que cuestionado. Sus políticas han aumentado el precio medio de los pisos, la subida de los alquileres por la bajada de la oferta, el estrangulamiento del mercado y el fracaso del desarrollo de la vivienda pública.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, afirmaba esta semana que limitar el precio de los inmuebles como pretende el Gobierno es «un atentado contra la propiedad». La ministra Rodríguez ha advertido a las Comunidades que les cortará la financiación si no cumplen con la Ley de Vivienda y, especialmente a Madrid donde, dice, se ejerce la «insumisión». Sus palabras constituyen toda una declaración «fake», según la terminología sanchista, ya que la Ley no obliga a las Comunidades autónomas, ofrece la posibilidad de que apliquen determinadas políticas.
El aviso del Gobierno a las Comunidades, la mayoría gobernadas por el PP, no va a cambiar la gestión en Madrid. Tampoco las movilizaciones, que se han demostrado una palanca para consolidar al PP en la región. Así lo ha expresado Ayuso tras confirmar su negativa a gobernar «con políticas de izquierda trasnochada» pese a que el Gobierno «amenace». El Ejecutivo de Pedro Sánchez «lleva seis años, cero viviendas y 41 ministros obsesionados con Madrid», ha subrayado. Su Gobierno ha reforzado la afirmación recordando el «embuste» de las «más de 180.000 casas prometidas por Pedro Sánchez».
La Comunidad no ha aplicado el criterio de zona tensionada en la región y Ayuso ha sido especialmente crítica con la norma estatal por sus «devastadores efectos» al reducir la oferta de alquiler, provocar un aumento de los precios e incrementar la ocupación. Lo dijo al comienzo del curso político y ya advirtió de la imposición de «un modelo de gestión que no ha sido refrendado por los ciudadanos en las urnas».
La última ofensiva contra la dirigente popular coincidió esta semana con la apertura del plazo de solicitud de las 282 viviendas del Plan Vive de la Comunidad en Colmenar Viejo y con la entrega en Getafe de otros 78 pisos del mismo Plan de alquiler asequible. Poco antes, Almeida y la ministra visitaron una promoción de 77 inmuebles asequibles en Vallecas y desbloquearon la Operación Campamento, cuyas obras están previstas para el próximo año.
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado el proyecto, que supone la regeneración de gran parte del del suroeste de la capital. El desarrollo, de más de 2.100.000 metros cuadrados, cambiará el actual entorno degradado con el millar de viviendas, el 65 por ciento con algún tipo de protección, zonas verdes, comercios y espacios públicos. Además, el soterramiento de la Autovía del Suroeste revitalizará la zona a su paso por los distritos de Latina y Moncloa-Aravaca.
La operación ha dividido a la izquierda en la capital. El PSOE votó a favor con PP y Vox mientras Más Madrid lo hizo en contra al considerar que reproduce «un modelo fracasado» y sólo prevé el 7 por ciento de vivienda protegida, argumentos esgrimidos por algunas asociaciones convocantes de la protesta del día 13 en Madrid.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, afeó a la líder de Más Madrid su posición negativa en la aprobación de la histórica operación. «Se equivoca votando en contra», le espetó a Rita Maestre a la vez que criticaba a los Gobiernos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid el «boicot permanente» justo en el Pleno en el que se votaba descongestionar una de las operaciones emblemáticas de Madrid. Ella votó a favor, pero sólo tuvo palabras para el Gobierno (socialista). Se avecina congreso.
