La Diputación de Burgos apuesta por la implantación de más
industria verde en la provincia, según ha trasladado el presidente de la
corporación, Borja Suárez durante en la celebración del Día de la provincia, al
que han asistido cerca de 300 alcaldes en la localidad de Quintana-Martín
Galíndez.
“Somos la provincia de Castilla y León que más energía
renovable produce y eso se tiene que traducir en empleo en una provincia que
genera más de 31% de su Producto Interior Bruto a partir de la industria”,
ha defendido Suárez.
Ha puesto como ejemplo de lo que debe ser ese desarrollo
industrial el Valle de Tobalina, “que sufre el cierre de la central de
Garoña, que no se debió producir, pero ha dejado una subestación eléctrica que
es la clave de muchos proyectos de aerogeneradores y energía fotovoltaica,
tanto en la comarca de Las Merindades como en La Bureba”.
Borja Suárez ha argumentado que si esa energía que se genera
en Burgos sale fuera de la provincia se estará “perdiendo una
oportunidad”, ya que si son productores de energía verde tienen que ser
también productores de industria verde.
En este sentido, ha afirmado que ya se ha dado “el paso
duro, de mucho impacto y polémico”, como es la instalación de
aerogeneradores y huertos solares con una gran densidad.
El presidente de la Diputación ha insistido en que Burgos
reúne condiciones ideales para ello.
Porque “tenemos el suelo, tenemos agua y tenemos las
mejores condiciones, pero necesitamos que los corredores eléctricos se queden
en Burgos y los inversores nacionales e internacionales generen
industria”, ha reflexionado.
Borja Suárez ha recordado que en el caso de Garoña está
también en marcha un plan de sostenibilidad turística en destino, que contempla
la inversión de 2,8 millones de euros en 18 acciones, de las que catorce están
ya adjudicadas y el resto en licitación.
Incluye iniciativas como una embarcación electrosolar en San
Martín de Don; un albergue en San Zadornil, en el espacio natural protegido del
parque de Montes Obarenes; se han licitado y adjudicado espacios de
autocaravanas; y se están aportando bicicletas eléctricas en muchas localidades
del entorno de Garoña.
Sin embargo, ha considerado que lo que no va adelante es el
Convenio de transición justa, que tiene que desarrollar el Ministerio de
Transición Ecológica tras el cierre de Garoña, que es “una gran mentira, por lo
que seguimos esperando y reivindicando que tenga una partida específica en los
presupuestos generales del Estado”.
Se ha referido al Valle de Tobalina, donde está la central
nuclear de Garoña, actualmente en fase de desmantelamiento como “un fiel
reflejo de lo que es la provincia de Burgos, un municipio con cerca de cerca de
850 habitantes repartidos en 37 núcleos de población”.
A la celebración del Día de la provincia, se han sumado en
esta ocasión la vicepresidenta y el consejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Isabel Blanco y Alejandro Vázquez, respectivamente.
Una financiación justa
Isabel Blanco, que atendió a los medios antes de participar
en el acto, aseguró que el Ejecutivo autonómico seguirá reclamando una
“financiación justa” para las comunidades, y afeó los “chantajes permanentes”
del Gobierno de España, frente al “diálogo continuo” del presidente de la Junta
de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
Se refirió así a la advertencia lanzada por la ministra de
Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, de que el Gobierno central podría
retirar fondos para la vivienda a las comunidades que no cumplan con la ley
aprobada en la materia por el actual Ejecutivo. Blanco acusó así a la ministra
de “chantajear nuevamente a las comunidades autónomas”, y afirmó que “solo sabe
ceder ante sus socios separatistas”. “Cualquier excusa le vale para desviar la
financiación hacia sus socios separatistas, quitándoselas al resto de las
comunidades autónomas de España”, añadió la vicepresidenta.
En contraposición quiso poner en valor las acciones llevadas
a cabo por su gobierno, e hizo así referencia a los cuatro nuevos acuerdos del
Diálogo Social alcanzados ayer en materia de educación, dependencia, vivienda y
transición justa. “Acuerdos que buscan mejorar la vida de las personas de
Castilla y León”, afirmó Blanco, que hizo alusión al acuerdo de dependencia
“para atender a nuestros mayores en el mundo rural, más ayuda a domicilio, más
inversión, más prestaciones y más teleasistencia”; así como al importante
acuerdo alcanzado en materia de vivienda.
Blanco destacó así que este acuerdo busca poner en marcha
1.600 viviendas más, así como “seguir apostando” por las convocatorias de
alquiler que, por ejemplo, en el mundo rural para los jóvenes llegan hasta el
75 por ciento, entre otras medidas. “Vamos a seguir, desde el diálogo con las
entidades, los agentes del diálogo social y las corporaciones locales,
trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Castilla y León y
de nuestro mundo rural”, apuntó al respecto.
Aprovechando su presencia en Quintana Martín Galíndez, la
vicepresidenta recordó que Castilla y León es una Comunidad “eminentemente
rural”, donde el 36 por ciento de la población vive en el mundo rural; y 2.119
municipios de los 2.648 tienen menos de 2.000 habitantes. “Eso demuestra la
riqueza de nuestro linaje, de nuestros pueblos y el trabajo continuo que hay
que hacer precisamente para llevar los servicios al mundo rural”.
En este sentido, Blanco explicó que estos servicios, cuando
se prestan en los pueblos, son más caros. Un ejemplo que puso fue la educación,
que es un 60 por ciento más cara en el mundo rural; o los servicios sociales,
donde la ayuda a domicilio cuesta un 78 por ciento más en el mundo rural.
Reiteró así que desde la Junta seguirán trabajando “por las personas del mundo
rural”, y seguirán poniendo encima de la mesa “medidas que incentiven que las
personas quieran venir y quedarse en nuestros pueblos”, tal y como recogía su programa
electoral.
