Los equipos de rescate seguían la búsqueda ayer de los 48 ocupantes desaparecidos en el hundimiento, en la madrugada del viernes, de un cayuco frente a las costas de la isla canaria de Hierro mientras la Guardia Civil instalaba carpas refrigeradas a modo de improvisadas morgues. Hay nueve muertes confirmadas y se pudieron rescatar con vida a 27 de los inmigrantes –senegaleses, malienses y mauritanos– que habían partido desde la costa de Mauritania.
Nos hallamos ante la mayor tragedia conocida en la ruta de Canarias porque no hay certeza de cuántas de estas inestables embarcaciones se han perdido en el Atlántico sin dejar el menor rastro. Lo sucedido hay que enmarcarlo en la grave crisis migratoria que afrontan las Islas Afortunadas, que, según los datos proporcionados por el presidente del gobierno autónomo canario, Fernando Clavijo, han recibido en lo que va de año 26.758 inmigrantes irregulares, casi 5.000 de ellos menores de edad no acompañados, desbordando las capacidades de acogida de las islas.
Pero la tragedia también desnuda la pasividad del Gobierno de la Nación, esencialmente, la de su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, muy ocupado, al parecer, en mantener cruces de comunicados con Bruselas a cuenta de quién tiene la responsabilidad de desplegar a las fuerzas marítimas de FRONTEX, tanto en tareas de salvamento como de vigilancia y disuasión de las mafias que operan en las costas norteafricanas ante la benevolencia culposa de los distintos gobiernos. Que el Ejecutivo de Canarias se vea obligado a lidiar en los tribunales de justicia un problema que exige la solidaridad del resto de las Comunidades y, sobre todo, la coordinación de los ministerios de Interior y Migraciones explica por sí sola la política de improvisación del Gabinete que preside Pedro Sánchez en materia migratoria.
El Gobierno se ha demostrado incapaz de llevar adelante la reforma de la Ley de Extranjería porque en línea de su comportamiento habitual se ha negado a negociar con la oposición, que, al parecer, solo existe como receptora de las críticas y de los insultos del Poder Ejecutivo, ignorando que los populares gobiernan en las autonomías más golpeadas por el fenómeno de la emigración irregular, convertido en la principal preocupación de los españoles, según el CIS.
El sanchismo ha pasado de fomentar el efecto llamada con su apoyo a la ONG «Open Arms» frente a las autoridades marítimas italianas, a promover el endurecimiento de las leyes de asilo, cuando no algunos de sus alcaldes rechazan la habilitación en su término municipal de centros para la acogida de menores no acompañados. La oleada migratoria desde África hacia Europa no tiene visos de que se vaya a detener en los próximos años, la cuestión es que el Gobierno tiene el deber inexcusable de gestionar el fenómeno.
