El nuevo Gobierno catalán que preside el socialista Salvador Illa no parece ver tan claro ni tan sencillo como lo veía el de ERC que lideraba Pere Aragonès el traspaso integral del servicio de Cercanías ferroviarias de la región, Rodalies. En el Ejecutivo autonómico, al menos en este, son conscientes de que la operación conlleva una serie de desafíos técnicos que no tienen una solución sencilla.
Según explican fuentes conocedoras de la cuestión, en el aspecto de la infraestructura, desde la Generalitat reconocen que no es tan sencillo traspasar a Ifercat, la compañía pública catalana encargada de la red ferroviaria de la comunidad, la gestión de vías por las que no sólo circulan trenes de Rodalies sino también de otros servicios que caerían en la esfera de Adif. El acuerdo que suscribieron en su día el Ejecutivo central y el que lideraba entonces Pere Aragonès contempla el traspaso «al menos» de las líneas R1 (la que discurre por el Maresme), de la R2 (Sant Vicenç de Calders-Barcelona) y de la R3 (Papiol-L’Hospitalet-Vic-Puicerdà), dejando fuera las que formen parte de la red de interés general del Estado, que seguirán en manos de Adif. No obstante, el pacto deja abierta la puerta a posibles traspasos futuros de otros tramos de la red.
Operación
En el plano operativo, las mismas fuentes aseguran que desde la Generalitat se buscan fórmulas que no hagan chocar el acuerdo suscrito con ERC y los alcanzados en noviembre del año pasado con los sindicatos. Los trabajadores de Renfe y Adif se han mostrado frontalmente en contra de que el traspaso de Rodalies se haga fragmentado a ambas compañías. A finales del año pasado, y en respuesta a una convocatoria de huelga, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se comprometió a respetar y salvaguardar en todo momento los derechos socio-laborales y de permeabilidad de todos los empleados de Adif y Renfe, así como la garantía de integridad de ambos grupos, manteniendo sus plantillas y operación.
El acuerdo entre el Gobierno central y el catalán establece la constitución de una empresa mercantil mixta bajo el nombre Rodalies Cataluña, heredera de lo que hoy es Renfe Viajeros en Cataluña, que se dotará con «los recursos materiales y humanos que hoy son utilizados y necesarios para la prestación de los servicios de Rodalies por parte de Renfe». Aunque la idea es que tenga un carácter mixto, la compañía, en la práctica, estará controlada por la Generalitat dado que su consejo de administración estará compuesto a partes iguales por representantes de la Administración General del Estado y de la Generalitat, si bien el presidente, propuesto por esta última, contará con «voto de calidad» para decantar las votaciones. Y las consideradas cuestiones «estratégicas» requerirán de una mayoría cualificada del consejo.
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Las fuentes aseguran que, una vez constituida esta sociedad, una fórmula que se podría emplear y que la Generalitat no descarta sería una encomienda de gestión. A través de esta figura jurídica que contempla la legislación española, se encargaría a Renfe la operación de Rodalies.
Tampoco descartan, según añaden, un contrato programa. Esta fórmula implicaría una transferencia de los servicios en unas condiciones similares a las que hay ahora en Cataluña y a las que se van a emplear también en el País Vasco, en las que el Gobierno autonómico es el encargado de gestionar los servicios, fijando horarios y circulaciones y Renfe presta un servicio que financia el Estado al tratarse de una Obligación de Servicio Público (OSP).
El problema tanto de una como de otra opción es que Renfe se enfrenta a una fuerte contestación en Cataluña, donde su operativa cuenta con el rechazo frontal del independentismo, que la ha convertido en uno de sus chivos expiatorios contra el Estado.
