Terraplanet del Sur SL no podrá estar personada en el “caso Koldo” como perjudicada, como pretendía, después de que la Audiencia Nacional (AN) lo haya rechazado al entender que su oferta , más barata que la de la supuesta trama de comisiones ilegales, “no fue estimada” por el Ministerio de Transportes.
El magistrado instructor, Ismael Moreno, niega de nuevo que formen parte del procedimiento porque, señala en el auto, la única prueba que le han trasladado es “el justificante electrónico de la presentación de la oferta”, que ofrecía ocho millones de mascarillas por menos de 11 millones de euros, “un día después” de que se hubiese adjudicado el suministro de este material sanitario a Soluciones de Gestión por 20 millones de dinero público.
En referencia a los testimonios que prestaron algunos altos cargos o funcionarios del Ministerio que dirigía entonces José Luis Ábalos, el juez recuerda que dar por finalizado el contrato (“resolverlo”), estando ya adjudicado a la presunta trama de “mordidas”, hubiera implicado “una penalización para la Administración Pública”.
Por tanto, la AN no observa el “perjuicio económico o reputacional” que dice haber sufrido Terraplanet al no constar “debidamente acreditado” en su segundo recurso después de fuese rechazada su personación previamente por idénticas razones.
Más aún, dice el instructor en el auto, “teniendo en cuenta los delitos que se investigan” -organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública- en las compras de mascarillas bajo sospecha hacen “difícil o más bien imposible tal condición”.
La sociedad limitada puede aún presentar alegaciones en los próximo cinco días y, si lo considera necesario, los documentos que justifiquen sus pretensiones.
Insistía Terraplanet en la tesis de que existía un “perjuicio económico y reputacional” contra ella por haber sido excluidos en un primer momento de la adjudicación, lo que acabó, defendió, por “frustrar su legitima aspiración comercial”, y, más tarde, cuando “se volvió a omitir su oferta” después de que Soluciones incurriese en un “incumplimiento contractual” al no haber entregado el material sanitario en el tiempo acordado (“48 horas”) ni en la forma que había sido pactada (“centralizada”).
Su oferta, que ponía a disposición de Transportes cada mascarilla a 1,35 euros frente a los 2,50 que finalmente se pegó, defendió que era “más conveniente para el interés general y más garantista de la salud poblacional tan en jaque en aquellos momentos”.
