La teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde, ha solicitado al alto tribunal que no investigue al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, tal y como solicitó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por su responsabilidad en la difusión de una nota pública que aireaba las negociaciones para llegar a un acuerdo de conformidad con la defensa del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a cambio de que aceptara el fraude fiscal que se le imputa.
Pero la “número dos” de García Ortiz -cuya imparcialidad para pronunciarse sobre esta cuestión han cuestionado algunas asociaciones de la carrera- no ve indicios de delitos y cierra filas con el fiscal general al asegurar que esa nota solo pretendía hacer frente a los “bulos” sobre ese posible acuerdo de conformidad.
Sánchez Conde descarta que la Fiscalía “hubiese divulgado datos e información que no pudiese ser revelada” porque “esos datos objetivos circulaban ya libremente por los medios de comunicación”, por lo que defiende que “ningún perjuicio a tercero o a un interés colectivo” pudo causar el comunicado, “que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados (todos ellos ya revelados por los medios de información), el bulo y los infundios publicados”.
Esa nota, insiste en su informe, “no perjudicaba ni a un tercero ni a un interés colectivo”. “Nada ha impedido la tramitación del procedimiento penal por dos delitos fiscales y un delito de falsedad documental” contra González Amador ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, expone. Y en esa misma línea señala que “los pactos de conformidad o su anticipo no presuponen ningún condicionante para el enjuiciamiento posterior”, por lo que “el hecho de que el acuerdo de conformidad fructifique o no en absoluto afecta al derecho de defensa, al derecho a un juicio justo ni a ninguno de los derechos consagrados en el artículo 24 de nuestra Constitución”.
Con esos “bulos”, afirma Sánchez Conde, “se pretendía confundir a la opinión pública al variar radicalmente el papel de la Fiscalía tanto en las diligencias de investigación como en su relación” con la defensa de González Amador.
Tras hacer un exhaustivo relato cronológico de los hechos, la teniente fiscal del Supremo apunta que “el cruce de comunicaciones” entre el abogado del empresario y el fiscal encargado del caso se hizo público “con antelación a que se difundiera la nota informativa” y al correo electrónico remitido el pasado 2 de febrero por la defensa de González Amador, proponiendo un acuerdo de conformidad, a una “dirección genérica” de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, a la que “más de doce fiscales y cuatro funcionarios tenían acceso”, recalca. De hecho, sostiene que los correos electrónicos intercambiados entre González Amador y la Sección de Delitos Económicos primero y el fiscal encargado del asunto después “circulaban por las redacciones de diferentes medios de comunicación con antelación a que la Fiscalía difundiese la nota de prensa”.
