Buenas noticias para los castellanos y leoneses. Y es que la deuda de la Comunidad se ha reducido al 18,8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León, lo que supone 3,1 puntos porcentuales menos que la media autonómica hasta julio, que es del 21,9 por ciento, de acuerdo a los datos aportados por el Banco de España este lunes.
Así, hasta esta fecha, la deuda de Castilla y León es 13.846 millones de euros, lo que supone un descenso interanual de casi un punto porcentual del 0,8 por ciento, mientras que la aportación de la Región al endeudamiento global de la España autonómica suponía el 4,1 por ciento del total de las regiones, contabilizado en 337.474 millones de euros.
En el cálculo del volumen de deuda autonómica el supervisor bancario incluye los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad concede a las empresas, cuantificados en 214,8 millones de euros, así como el llamado “factoring sin recurso” –créditos comerciales con la Administración cedidos a entidades financieras–, que añade 115,8 millones de euros, además del endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada por 246,1 millones de euros.
El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas), atendiendo a quiénes son los prestamistas, revela que a 30 de junio de 2024, el mayor importe corresponde a las emisiones de deuda pública que representan el 21,3 por ciento, con 2.950 millones de euros. Y, en segundo lugar, se encuentra el Fondo de Facilidad Financiera, con 1.774,2 millones de euros, –en concreto, el 12,8 %- correspondiente a préstamos concertados en los años 2015 y 2020.
Como prestamistas relevantes figuran también las entidades financieras multilaterales, como son el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con 1.325,2 millones de euros, aproximadamente un 10 % de la deuda de la Comunidad.
Por otro lado, el 95,9 por ciento del endeudamiento castellano y leonés correspondía a la Administración general, frente al 4,1 por ciento de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.
Respecto a los plazos de vencimiento, el 98,2 por ciento de la deuda viva de la Comunidad está formalizada a largo plazo frente al 1,8 por ciento firmada a corto, lo que minimiza los riesgos de refinanciación. Asimismo, el 70,8 por ciento está concertado a tipo de interés fijo y el 29,2 por ciento a variable, un reparto que permite mitigar el efecto de subidas del Euribor y, está en su totalidad suscrita en euros.
Este moderado nivel de endeudamiento es uno de los aspectos que la agencia Moodys ha valorado favorablemente en su decisión del pasado mes de marzo de mejorar el perfil financiero de la Comunidad elevando el rating Baa1 a perspectiva positiva, ratificando de este modo la misma calificación que el reino de España.
Finalmente, cabe señalar que el Banco de España, además, contabiliza en 4.087 millones de euros la deuda de aquellas empresas públicas autonómicas que no están incluidas en el perímetro SEC 2010, sin que Castilla y León tenga asignada ninguna cuantía adicional. De este modo, teniendo en cuenta los datos de todo el sector público autonómico, la ratio media de endeudamiento con respecto a PIB se elevaría al acabar el segundo trimestre de 2024 al 22,2 por ciento, frente al 18,8 por ciento de Castilla y León.
