La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, dijo este lunes sentirse muy serena al comienzo del proceso en el que se le juzga, junto a una treintena de miembros de su partido, por malversación de fondos del Parlamento cuando era eurodiputada, e insistió en que confía en la Justicia y en que es inocente. “Tenemos un montón de argumentos para defender lo que creo que es la libertad parlamentaria, que es lo que se discute en este asunto”, señaló Le Pen en declaraciones a la prensa a la entrada del Tribunal Correccional de París, en un juicio que si se resuelve con condena podría suponer su inhabilitación.
Recordó que ella y el resto de los acusados van a tener tiempo, durante los dos meses del juicio, de “demostrar que no se violó ninguna regla, es decir, ninguna regla política y ninguna regla del reglamento del Parlamento” Europeo.
Insistió en que afronta “con mucha serenidad” este juicio, en el que está acusada de malversación de fondos públicos por la utilización cuando era eurodiputada, como los otros encausados, de sus asistentes parlamentarios pagados con fondos europeos para actividades que tenían que ver con la actividad de su partido, entonces Frente Nacional y luego bautizado Agrupación Nacional.
También hizo hincapié en que confía “en la Justicia de (su) país”. Si fuera considerada culpable, podría ser condenada hasta a diez años de prisión, un millón de euros de multa y diez años de inhabilitación, lo que le imposibilitaría presentarse en las próximas presidenciales, programadas para 2027.
Bruno Gollnisch, otro de los que se sientan con ella en el banquillo, que también fue diputado europeo y dirigente del FN, afirmó que “este asunto no debería haber llegado nunca a la Justicia” porque con lo que se les está echando en cara “se podría haber encausado a 500 diputados” europeos.
“A partir del momento en que la Justicia se ocupa de lo que hacen los asistentes parlamentarios, controla lo que hacen los diputados, y eso está en contra del principio constitucional de la separación de poderes”, explicó Gollnisch.
El que fue en el FN la mano derecha de Jean-Marie Le Pen, el fundador del partido y padre de Marine Le Pen, denunció que en el origen de este proceso está la acusación lanzada por el que ocupó el puesto de presidente del Parlamento Europeo de 2012 a 2017, el socialdemócrata alemán Martin Schulz, y que lo hizo por razones políticas.
Fue Schulz el que denunció en marzo de 2015 ante la Agencia Europea Antifraude (OLAF) el uso indebido de los asistentes parlamentarios empleados por el FN, que luego los jueces instructores han estimado que supuso un costo para las arcas del Parlamento Europeo de 6,8 millones de euros.
Patrick Maisonneuve, que es el abogado de la Eurocámara, que se ha constituido en acusación particular en el juicio, recordó por su parte que los instructores concluyeron “al cabo de varios años de investigación” que el partido de extrema derecha había puesto en marcha “un sistema que se había generalizado” para la utilización indebida de los asistentes parlamentarios.
Y que ese “sistema” estaba controlado “por los dirigentes del Frente Nacional, ahora Agrupación Nacional”.
Maisonneuve subrayó que “los fondos del Parlamento Europeo no están para financiar los partidos políticos nacionales” y que un asistente parlamentario puede tener una actividad de militantes pero “fuera de las horas de trabajo” en las que deben dedicarse “al diputado al que está vinculado por contrato”.
El juicio se abrió con la lectura de los diferentes cargos contra los imputados. La presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis, comunicó que tanto el fundador del partido, Jean-Marie Le Pen, como el exeurodiputado Jean-François Jalkh, que figuran también como imputados, han sido desgajados del caso a causa de su estado de salud.
Le Pen, de 96 años, fue examinado por un tribunal médico que determinó que no estaba en condiciones de comparecer.
