La posible regulación de los alquileres temporales en España ha desatado un intenso debate desde que el Gobierno anunciara en julio su intención de abordar esta cuestión mediante un Real Decreto. Esta normativa, que sigue en consulta pública hasta el 8 de octubre, ha generado diversas opiniones en distintos sectores y ha sido analizada por expertos, entre ellos el reconocido economista Gonzalo Bernardos. El economista, que participa en televisión en programa como “laSexta Xplica” o en radio en Rac 1 y Onda Cero, ha advertido sobre quiénes serán los principales perjudicados si la regulación se aprueba tal como está planteada.
Perjudicados y beneficiados de la medida
El objetivo del Gobierno es poner orden en el mercado de los alquileres de temporada, un sector que ha crecido exponencialmente en los últimos años, especialmente en zonas urbanas y turísticas. Esta modalidad de arrendamiento ha ganado popularidad por su flexibilidad, atrayendo a turistas, estudiantes y trabajadores que necesitan alojamiento por periodos cortos. Sin embargo, según Bernardos, las medidas propuestas podrían tener efectos colaterales que afecten especialmente a dos colectivos: los pequeños propietarios de clase media y los estudiantes. En primer lugar, el economista sostiene que los pequeños propietarios, quienes dependen de los alquileres temporales como una fuente adicional de ingresos, se verán afectados de manera negativa. La mayoría de estos propietarios forman parte de la clase media, y con la implementación de la nueva normativa, perderán una oportunidad importante para rentabilizar sus inmuebles. Bernardos señala que muchos de estos arrendatarios cuentan con propiedades que no destinan al alquiler a largo plazo precisamente porque prefieren la flexibilidad y rentabilidad que ofrecen los alquileres de temporada.
El grupo más perjudicado, según Bernardos, será el de los estudiantes. Con la entrada en vigor de la nueva regulación, muchos propietarios podrían optar por no alquilar a este colectivo, considerándolos inquilinos de mayor riesgo en comparación con familias o personas que buscan contratos de larga duración. Esto podría generar una escasez de ofertas de alquiler para estudiantes, incrementando la demanda en residencias gestionadas por grandes empresas y fondos de inversión, que saldrían beneficiados de la medida. Este fenómeno, de acuerdo con Bernardos, podría intensificar el control de las grandes empresas en el mercado de la vivienda estudiantil, un sector que ha crecido en los últimos años con la expansión de residencias gestionadas por fondos de inversión y multinacionales. De este modo, mientras el Gobierno busca poner freno a los abusos en el mercado de alquileres temporales, las consecuencias podrían alterar el equilibrio del sector, favoreciendo a grandes actores y perjudicando tanto a los pequeños propietarios como a los estudiantes, que se encontrarían en una situación más vulnerable.
