No había duda ni debate. Pedro Sánchez va a ser reelegido secretario general del PSOE en el 41º Congreso del partido, que se celebrará los próximos 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre en la ciudad de Sevilla. Ostentando la Presidencia del Gobierno la tradición socialista dicta que la reválida del cargo está prácticamente asegurada, pero esto no ha sido obstáculo para que el proceso se pusiera en marcha. Un proceso que se dio por concluido, al hacerlo el plazo para la presentación de candidaturas a la secretaría general del Partido Socialista Obrero Español con la única solicitud de Pedro Sánchez. Esto es, el líder del PSOE fue el único militante socialista que había presentado su candidatura a las primarias.
Sin embargo, pese a que no tenía rival y su reválida está garantizada, Sánchez decidió mantener vivo el procedimiento, lanzándose a la recogida de avales. La búsqueda de apoyos entre la militancia se concibe como un cortafuegos, una medida disuasoria para evitar que candidaturas espontáneas puedan avanzar en el proceso que acaba desembocando en las primarias entre las bases. La idea es que solo aquellas que tienen una vocación mayoritaria puedan pasar al refrendo final. Sin otro candidato contra el que medirse, la recogida de avales de Sánchez se ha convertido en un mero trámite para visibilizar su apoyo al líder socialista o, ante la omisión, retratar la falta del mismo. Una forma de «pasar lista» entre los suyos o de predicar el culto al secretario general.
En pleno debate sobre el calado de la renovación que Sánchez tiene previsto imprimir a la nueva dirección y los liderazgos territoriales, resulta simbólica la exhibición que se ha hecho por parte de algunos dirigentes y ministros para demostrar que cierran filas con Sánchez. Integrantes del Consejo de Ministros como Pilar Alegría, Óscar López o Diana Morant y líderes territoriales, críticos con la decisión de financiación singular a Cataluña, como Adrián Barbón o los cuestionados Juan Lobato (Comunidad de Madrid) y Miguel Ángel Gallardo (Extremadura) también han firmado ya sea publicitado en sus redes sociales o de manera física su aval a Sánchez. Hay lecturas en algunos de los que lo hacen, sobre todo en los casos en los que su permanencia está en vilo, pero también en quienes no lo han hecho. Por acción y por omisión.
Entre quienes han evitado visibilizar ese apoyo explícito están el secretario general y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el secretario general de Aragón, ya de salida del cargo, Javier Lambán. Ambos se integran en el sector crítico a la dirección. Desde el entorno de García-Page aseguran que el castellanomanchego no ha querido, como tampoco ha hecho en ocasiones anteriores, participar del proceso de primarias. Por su parte, el entorno de Lambán evita cualquier explicación, pero el líder aragonés –que dejará el liderazgo del partido en el próximo congreso– no tiene ya que guardar las formas.
Según informó el PSOE en un comunicado, Sánchez ha conseguido «el número máximo de avales permitido para su candidatura a la reelección del cargo» que, conforme al reglamento interno del partido, se sitúa en el 6 % del censo. Al alcanzar el máximo permitido, se detiene el recuento adicional de apoyos, siguiendo las normativas establecidas por el partido. «Este hecho subraya el amplio respaldo que Sánchez mantiene entre la base militante socialista y refleja la continuidad en el liderazgo del partido, sentando las bases para la estrategia socialista de cara a los próximos desafíos», se felicita el PSOE en el citado comunicado.
Concluido el proceso de primarias y de recogida y presentación de avales, el calendario del congreso continúa con la designación de las delegaciones territoriales y los debates sobre las enmiendas a la Ponencia Marco. Este es el documento sobre las políticas socialistas para los próximos años que se mandará a las agrupaciones socialistas para que puedan añadir enmiendas. Se prevé que dos sean los temas fundamentales que estarán sobre la mesa: la financiación autonómica, que viene marcada por el acuerdo con ERC para establecer un concierto económico en Cataluña y las discrepancias internas que ha suscitado en el seno del partido; y la Vivienda, un asunto que el Gobierno quiere convertir en bandera de la legislatura y al que da máxima prioridad. Como suele ser ya tradición, el sector feminista abogará por la abolición de la prostitución y las Juventudes Socialistas por avanzar hacia la República.
