El «Día D» de Begoña Gómez tendrá que esperar por un error del juzgado de Juan Carlos Peinado, el magistrado que le investiga por posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La defensa de la esposa de Pedro Sánchez tenía señalado en rojo el día de ayer, la fecha fijada por la Audiencia Provincial de Madrid para deliberar y resolver sobre la petición de archivo de la causa por parte de Gómez y de la Fiscalía. Pero los magistrados no llegaron siquiera a debatir los recursos, al echar en falta, entre la documentación remitida por el juzgado de Peinado el pasado día 13, el recurso de apelación clave, de «relevancia para la deliberación», presentado por Antonio Camacho, abogado de la mujer del jefe del Ejecutivo, contra la decisión del juez de seguir adelante con la investigación.
En relación a ese recurso, al que según ha constatado la Sala «no se hacía referencia en el oficio», el tribunal reclama a Peinado que precise «el estado de tramitación» antes de volverse a reunir, por ahora sin fecha, para tomar una decisión. En el auto recurrido, del pasado 2 de julio, el magistrado le informaba –ante sus reiteradas quejas por su desconocimiento sobre el objeto de la investigación– de que se le investigaba en relación a «todos los actos, conductas y comportamientos» que ha llevado a cabo «desde que su esposo es el presidente del Gobierno», salvo lo referente a las adjudicaciones al empresario Juan Carlos Barrabés, con la recomendación por escrito de Begoña Gómez, que asumió la Fiscalía Europea.
Una vez con esa documentación en la mano, la Sala –integrada por los magistrados María del Rosario Esteban, Jesús Gómez-Angulo y Enrique Jesús Berges, ponente– tendrá que volver a reunirse. Pero según las fuentes consultadas, a la espera de que el juzgado de Peinado cumplimente la información requerida y de que la Sala encuentre un hueco en la agenda de la Sección 23 para una nueva deliberación, lo previsible es que esta no se produzca antes de un mes.
El sorprendente aplazamiento –que según fuentes jurídicas alimenta las quejas del abogado de Begoña Gómez sobre la instrucción de Peinado– gira ahora el foco de la esposa de Pedro Sánchez hacia otra de sus iniciativas jurídicas para intentar apartar al magistrado de la instrucción: su querella contra Peinado por prevaricación, que de seguir adelante podría apartar al instructor de la investigación. Y es que el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) considera causas de abstención y, en su caso, de recusación, que el magistrado que instruye una causa haya sido denunciado «por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta», siempre haya abierto un procedimiento penal por este motivo.
Pero incluso si Peinado fuese apartado de la causa por esta vía, podría mantener viva la investigación contra Begoña Gómez por una posible apropiación indebida del software desarrollado en su máster en la Universidad Complutense de Madrid, tras una querella de Hazte Oír sobre la que aún debe pronunciarse tras rechazar asumirla en un principio al no apreciar una vinculación suficiente con los hechos investigados que sí ha apreciado la Audiencia Provincial de Madrid.
La denuncia, sobre cuya admisión todavía no se ha pronunciado la Fiscalía (a diferencia de lo que ya ha sucedido con la querella del presidente del Gobierno contra el juez, cuya tramitación apoya), está en manos de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Por tanto, puede darse la circunstancia de que el TSJ de Madrid se pronuncie sobre la admisión a trámite antes de que la Audiencia Provincial decida sobre el archivo del procedimiento y que cuando este último pronunciamiento se haga público Peinado ya no esté al frente de la instrucción. Para eso, claro, la querella tiene que admitirse a trámite. Fuentes del tribunal superior de Madrid señalan que el TSJM «no paraliza» nada por el hecho de que la Audiencia madrileña haya aplazado su resolución. «Son itinerarios procesales completamente independientes», insisten.
De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid delibera y resuelve hoy mismo otra denuncia contra el juez Peinado por prevaricación, presentada por el periodista Máximo Pradera.
Sin embargo, fuentes jurídicas próximas al «caso Begoña Gómez» dudan de que así sea y se inclinan por que el TSJM, a la vista de que ese recurso solicitando el archivo está pendiente de resolver, no se pronunciará hasta que la instancia superior a Peinado decida si hay o no motivos bastantes para archivar el procedimiento.
En esa querella, el abogado de la esposa de Pedro Sánchez achaca al juez decisiones «arbitrarias y manifiestamente injustas» que le han causado «inseguridad jurídica e indefensión». Y, al mismo tiempo, le señala como el responsable de las filtraciones de la investigación cuando esta estaba declarada secreta, unas revelaciones por las que ha sido sometida «a la pena de banquillo», provocándole «un evidente daño a todo lo que la rodea, especialmente su esposo», por la «presión mediática y política» del caso.
Para su abogado, el instructor ha emprendido «una cruzada personal» contra la esposa del presidente del Gobierno forzando la ley y adoptando decisiones «no justificadas, carentes de motivación alguna y contradictorias» a lo largo de una investigación que tilda de «perversa» y «arbitraria». Pero incluso le acusa de hacer coincidir sus resoluciones con «hitos políticos», refiriéndose expresamente a que la citación de Pedro Sánchez como testigo se diese a conocer, «en perfecta coordinación», con la reunión de la Junta Directiva del PP.
