La Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios (Fadeco Promotores) ha instado a las administraciones públicas a “declarar la situación de emergencia para asimilar la construcción de vivienda al procedimiento que se usa para otras situaciones de emergencia”, caso del ámbito sanitario o en la lucha contra la sequía.
Es una de las medidas reclamadas por los promotores andaluces en el marco de la tramitación de la Ley de Vivienda de Andalucía, a cuyo anteproyecto han presentado alegaciones, y de la que destacan que permitirá “una oferta y demanda más equilibrada y eficiente en el futuro”. No obstante, exigen el desarrollo de “mecanismos que agilicen nuevos proyectos de viviendas asequibles, empezando por la generación de suelo urbanizado”, tal como ha recogido la Federación en una nota de prensa.
En unas jornadas organizadas este pasado martes, los promotores han avanzado que sus alegaciones se engloban en tres ejes: simplificación, medidas de impulso a la vivienda y medidas económicas. En materia de simplificación, Fadeco pide una modificación de uso del registro de demandantes para reducir los trámites a fin de hacerlo “más universal a los demandantes de viviendas públicas”.
Igualmente, sugieren a la Junta que permita a los ayuntamientos la posibilidad de adoptar un nuevo régimen de vivienda protegida para que sean las administraciones locales las que “propongan un régimen que corrija el problema desde el conocimiento de las características que en cada municipio han determinado la expulsión del mercado de la vivienda de sus ciudadanos”.
También proponen “extender” la iniciativa de “flexibilidad” que ya recoge el anteproyecto de Ley para “posibilitar que se destinen solares y edificios de uso terciario abandonados a vivienda protegida en alquiler”. Además, piden “poder incrementar el número de viviendas y adaptar las tipologías al tamaño de los hogares que demandan ahora las familias, poniendo como ejemplo el hecho de que “un hogar compuesto por dos padres y dos hijos, tras un divorcio, genera dos hogares aunque de menor tamaño, requiriéndose más viviendas aunque de tipología inferior”.
Por último, la patronal de la construcción entiende que la ley “camina en buena dirección” para “convertirse en una máquina muy eficiente, pero necesita de combustible para funcionar y éste no es otro que el esfuerzo en el gasto que deben hacer las administraciones en materia de vivienda y suelo para permitir el acceso”.
