La SGAE tiene su Gobierno. Pero, durante más de una década, ni la Asamblea General ni la junta directiva marcaron el rumbo de la entidad tanto como otro organismo acostumbrado a decidir: los tribunales. Las llamadas operación Saga, desde 2011, y rueda, a partir de 2016, sacudieron y paralizaron la principal entidad de gestión del derecho de autor en España, además de hundir su imagen: socios detenidos, ética cuestionada, una lupa siempre encima. Ambos frentes judiciales comparten un largo desarrollo. Y, finalmente, un epílogo sin condenas penales. Hace tres semanas la justicia desestimó dos recursos de la propia SGAE, personada como acusación particular, y de la Organización Profesional de Editores Musicales que pedían reabrir el caso rueda, ya archivado en mayo. El auto considera demostrado que varios socios se embolsaron millones de euros gracias a la reiterada emisión de melodías en los programas de la madrugada, sin apenas audiencia. Y, sin embargo, reitera que no hubo delitos. Entonces, ¿qué hubo?
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