Almería no está viviendo el drama humanitario de Canarias, pero la inmigración ilegal también azota con fuerza a esta provincia. De hecho, el levante andaluz está siendo un punto de llegada habitual de pateras, con consecuencias en los recursos que se articulan para prestar una primera atención a estas personas. Una de ellas es la situación límite que padece el Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería, con decenas de cuerpos sin identificar en sus cámaras que no son reclamados por sus familiares. La mayoría son inmigrantes cuyos cadáveres fueron rescatados en las cercanías de la costa, a la espera de que se active el protocolo pertinente para que reciban sepultura.
No obstante, la Junta resta importancia al problema asegurando que «en Almería no estamos excesivamente mal» en cuanto a la ocupación de cuerpos no reclamados o sin identificar en las instalaciones de la Ciudad de la Justicia, que disponen de 24 cámaras: nueve de ellas de refrigeración para la conservación temporal de muestras y 15 con un sistema de congelación que hace posible una conservación más larga, a 40 grados bajo cero. En este sentido, la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta en Almería, Rebeca Gómez, señaló que confía en que el «pionero» protocolo firmado entre varias administraciones para agilizar inhumaciones de cuerpos sin reclamar ayude a no tener «problemas de capacidad» en las cámaras frigoríficas de este edificio, que está «al 60%» de ocupación.
Los institutos de medicina legal tienen la obligación de conservar los cuerpos no reclamados de los fallecidos que han sido objeto de pruebas periciales hasta que un juez, mediante auto, obligue a darle sepultura a los cadáveres, una labor de la que deben ocuparse los ayuntamientos de los municipios en los que esos cuerpos hayan aparecido. En última instancia, de la agilidad de los consistorios depende que se acumulen los cadáveres.
Según señaló Gómez, se trata de personas que no han podido ser identificadas tras haber alcanzado la costa de Almería por mar sin documentación o, en buena medida, de ciudadanos ingleses y otros extranjeros que han vivido en la provincia y cuyos cuerpos, tras fallecer, no han sido reclamados por sus familiares. En este sentido, se refirió al protocolo del que recientemente tomó cuenta el Consejo de Gobierno, suscrito entre la Consejería de Justicia, Administración y Función Pública, el Ministerio de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Fiscalía Superior de Andalucía para fijar el procedimiento a seguir de cara a agilizar la inhumación de cadáveres no identificados o sin reclamar.
Según valoró, el protocolo establece un procedimiento «ágil» para inhumar los cadáveres, ya que permite «dar sepultura digna a personas que están sin identificar o que no han sido reclamadas» de forma que «puedan ser después identificadas» de cara a posibles reclamantes, al tiempo que permite «descongestionar» las instalaciones de los forenses.
El objetivo del protocolo es optimizar los recursos materiales y humanos de los IML para que, una vez realizada la autopsia, extraídas las muestras necesarias para una futura identificación y elaborados los informes forenses correspondientes, los jueces autoricen su enterramiento –nunca la incineración– a cargo de los ayuntamientos que correspondan.
