Fue ayer mismo cuando Iván, un agente condecorado, recriminaba al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: “Nos quitan la autoridad para dársela al criminal”. Y exigía una ley fuerte, una ley que proteja a los agentes. Estas palabras parecen cobrar hoy más sentido que nunca. Y es que el pacto entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y EH Bildu para reformar la denominada “ley mordaza” ha vuelto a asestar un duro golpe a los policías nacionales y guardias civiles, que no han tardado en mostrar su indignación.
Un malestar que se repite en todos y cada uno de los sindicatos y asociaciones profesionales consultadas por este periódico. “La retirada progresiva de las pelotas de goma del modelo de orden público español es una nueva muestra de que no hay líneas rojas para este Gobierno y que quien se llena la boca con los resultados de nuestro trabajo es incapaz de no someter a negociación política cuestiones que afectan directamente a nuestra seguridad personal, a nuestra vida y a la de nuestras familias”, denuncian desde la Confederación Española de la Policía (CEP). Porque, a su juicio, Marlaska “no puede continuar ni un minuto más al frente de Interior”.
El pacto de Sánchez con los denominados “herederos de ETA” ha colmado el vaso de la indignación de los agentes. No es que el ministro desoiga las reiteradas llamadas de atención para tomar medidas que impidan que cada vez se agreda más a los policías y guardias civiles (46 al día en 2023), sino que no ha sabido o podido impedir que quienes tienen la obsesión de tumbar la Ley Protección de la Seguridad Ciudadana consigan su fin, “desarmar jurídicamente a quienes protegen la vida y bienes de todos los españoles”.
Impunidad para los delincuentes
A juicio de la CEP, el ministro ha traspasado “todas las líneas rojas” en lo que supone “el mayor ataque a la operatividad que han sufrido los profesionales de la seguridad pública en toda la democracia”. En este punto, señalan que estamos ante un punto de no retorno en el que “los comportamientos violentos en la calle pueden abrirse paso en medio de la más escandalosa impunidad”.
Porque a nadie se le escapa que este pacto llega en plena negociación de los Presupuestos, donde el “cálculo cortoplacista” manosea y ensucia las políticas de Estado. En conclusión, apuntan desde este sindicato, este pacto permitirá que la violencia y el incivismo salgan gratis; para que los policías dejemos de proteger los derechos de todos y nos convirtamos en meros espectadores, impotentes frente a quienes pretenden imponer un modelo de convivencia basado en la impunidad de unos pocos y en la desprotección de unos muchos, la mayoría social, que sólo desea vivir y trabajar en convivencia pacífica.
Falta de respaldo del Gobierno
Unas palabras compartidas por otro de los sindicatos policiales, JUPOL, quien insiste en que Marlaska ha sobrepasado todas la líneas rojas al permitir que se eliminen las pelotas de goma, “una herramienta fundamental para el trabajo de los policías en situaciones de disturbios graves”. Su eliminación, apuntan, supone un grave riesgo para la seguridad y la integridad física de los agentes.
Por otra parte, desde este sindicato señalan que la modificación de la legislación vigente, relativa a las faltas de respeto a los agentes de la autoridad y a la desobediencia, supone “un ataque directo al ya de por si mermado principio de autoridad de los agentes”. Además, recriminan a Marlaska que, como siempre, esta reforma se haga de espalda a los profesionales, a quienes no se les consulta. “Esta reforma sólo beneficia a los manifestantes violentos y a los delincuentes y ata de pies y manos a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Y al final, todo se resume siempre en lo mismo: “una falta total
de respaldo por parte del Gobierno de España”.
Y precisamente de esa falta de respaldo hablan también desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), quienes señalan que “esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana parece redactada contra los policías más que para favorecer el buen desempeño de su función”. Así, añaden que esta norma no contempla ni ofrece garantías legales para el desarrollo de la función policial: “No se puede favorecer desde un texto legal la desobediencia y el atentado a los agentes de autoridad cuando lo que perseguimos es reforzar el castigo de estas conductas delictivas”.
En lo que a las devoluciones en la frontera se refiere, consideran que ya estamos sometidos a diferentes marcos legales tanto nacionales como internacionales que contemplan estos supuestos y los adaptan a la norma implantada para todo el espacio Schenghen y los firmantes del último texto normativo en materia de inmigración de la Unión Europea.
Endurecer las penas por agresión
Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) también se han mostrado tajantes y han recriminado al Ejecutivo que siga utilizando a los guardias civiles como moneda de cambio, “dejándoles atados de pies y manos en su trabajo”. Tras darse a conocer que eliminarán las pelotas de goma, dejan claro que “los agentes necesitan herramientas para poder realizar su trabajo con seguridad”, en un momento en el que las agresiones no paran de aumentar año tras año sobre los guardias civiles.
Para AUGC es “urgente reforzar el principio de autoridad”, no minarlo como hace esta reforma, y realizar las modificaciones necesarias en el Código Penal para “endurecer las penas por agresión sobre los agentes”, con el fin de reforzar el principio de autoridad.
Por su parte, la Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL) expresa su preocupación y rotundo rechazo a la reciente cesión del Gobierno a EH Bildu, ya que pone en peligro la vida de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional al debilitar su capacidad de actuación frente a situaciones críticas.
Ley de Odio a la Policía y a la Guardia Civil
Agustín Leal, secretario de comunicación de la asociación, considera que la nueva ley que se apruebe debería llamarse “Ley de Odio a la Policía y a la Guardia Civil” porque lo que el Gobierno está haciendo es desproteger a quienes día a día arriesgan sus vidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. “Esta reforma no responde a una demanda social, sino a un interés político por parte del PSOE de obtener el respaldo de Bildu para sacar adelante los Presupuestos”, matiza.
A juicio de Leal, convertir las infracciones por desobediencia y resistencia a la autoridad en faltas leves y eliminar las pelotas de goma en situaciones de alteración del orden público es “desarmar a los guardias civiles y policías”. Y es que este tipo de medidas, añade, ponen en riesgo la integridad de los agentes y también debilitan la seguridad pública, “dejando expuestos a los ciudadanos en momentos críticos”.
En definitiva, de forma unánime y al unísono, todas y cada uno de esos sindicatos y asociaciones dejan claro que se opondrán por todos los medios a su alcance, que otorga que ordenamiento jurídico, a cualquier intento de aprobar una legislación que ponga en peligro la vida y la integridad de los guardias civiles y policías.
