Al tope de precios al alquiler del Gobierno le han salido dos críticos inesperados: un ministro y un exministro y ahora gobernador del Banco de España. Si ayer fue José Luis Escrivá, exministro de Seguridad Social, exministro de Transformación Digital y actual gobernador del Banco de España, quien afirmó que “no hay datos empíricos para demostrar que el control de precios abarate el precio de la vivienda”, hoy le ha seguido la estela el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.
El titular de Economía ha indicado este viernes que es “un poco pronto” para tener “datos duros” o “evidencia suficiente” para ver el efecto del tope del precio del alquiler en zonas tensionadas, que ya se está aplicando en algunas zonas de Cataluña y País Vasco. Así ha respondido al ser preguntado por las declaraciones que hizo Escrivá este jueves durante una entrevista en el programa “Más de uno” de Carlos Alsina en Onda Cero, en la que mostró sus primeras disensiones con el Gobierno.
Lo que sí dejó claro el recién nombrado gobernador del Banco de España es que el problema del precio de la vivienda en España se debe a la escasa oferta y la elevada demanda. “Hay una insuficiencia de viviendas para el número de hogares que se están creando, hay un desajuste entre oferta y demanda” y, por ello, reconoció que lo hay también de precios. Cada año se crean 200.000 hogares nuevos cada año, mientras que el número de viviendas que se construyen es inferior a las 100.000, añadió.
Pese a que el Banco de España no ha podido constatar que topar los precios del alquiler en zonas tensionadas tenga un impacto positivo sobre los precios del alquiler, Carlos Cuerpo ha llamado a seguir utilizado las zonas tensionadas de la Ley de Vivienda, que las 11 comunidades autónomas gobernadas por el PP y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han calificado de “fracasadas” e “inoperantes”.
Las declaraciones de Cuerpo llegan después de que ayer se celebrase la Conferencia Sectorial de Vivienda, en el que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reculó tras amenazar con que el Gobierno retiraría financiación estatal a las regiones “insumisas” que no aplicasen la Ley de Vivienda, a pesar de que la competencia para intervenir o no los precios de los alquileres corresponde a las comunidades autónomas. Por ello, ahora su propuesta pasa por “premiar” a las regiones que apliquen las zonas tensionadas con mayores beneficios, sin quitar fondos a las que no lo hagan, como las del PP, que han retirado su rechazo a estas medidas.
La Conferencia Sectorial acabó con un sabor agridulce. Las regiones se mostraron dispuestas a colaborar para combatir la crisis de vivienda, pero no pactaron medidas concretas –a excepción de renovar el Bono Joven del Alquiler, que podría estar operativo en noviembre con una dotación de 200 millones– y constataron importantes diferencias ideológicas que harán difícil llegar a un plan común.
La normativa de Vivienda que propone el PP incluye exenciones fiscales para los propietarios para aumentar la oferta de alquiler y eliminar las zonas tensionadas. También plantea rebajas en el IRPF para los jóvenes durante sus primeros cuatro años de empleo, así como aumentar la disponibilidad de suelo para construir hasta 200.000 viviendas anuales. El Gobierno de coalición, en cambio, insiste en seguir aplicando la Ley de Vivienda y el PSOE, por su parte, va a presentar iniciativas en los parlamentos autonómicos para blindar el suelo público e impedir que pase a manos privadas.
