La inseguridad ha cogido fuerza como elemento de preocupación de la ciudadanía, pero también de los cuerpos policiales en España. De hecho, los propios datos de los últimos años indican cómo han aumentado las agresiones y los delitos cometidos contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una circunstancia que el PP no quiere pasar por alto y, por ello, ha impulsado una iniciativa para dar mayor protección a los agentes. En concreto, los populares van a llevar a debate y votación una proposición no de ley para crear una «Fiscalía Especial para la Investigación y Prevención de delitos que tengan como objeto el menoscabo del principio de autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías autonómicas y locales».
Además de la creación de una Fiscalía Especial, también se insta al Gobierno a la modificación de los artículos 550 y 556 del Código Penal «a fin de aumentar las penas de los delitos de atentado, resistencia o desobediencia a la autoridad o sus agentes y reforzar el principio de autoridad». De esta manera, la PNL también recoge un punto que viene casi a contrarrestar las modificaciones acordadas entre Bildu y PSOE sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, donde de rebaja la infracción de desobediencia y resistencia a la autoridad. En todo caso, esta iniciativa del PP es una PNL y, por lo tanto, no es vinculante, pero sí permitirá ver la posición que adoptan los diferentes grupos parlamentarios. Cabe recordar que Junts es el único socio de la investidura que ha eludido firmar la proposición de ley para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana y ha adoptado un discurso contundente contra la inseguridad en los últimos tiempos por los problemas que está habiendo en Cataluña, donde los delitos han crecido mucho en los últimos años.
En este sentido, la PNL va dirigida a la protección de los agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas (Mossos d’Esquadra, Ertzaintza…) y policías locales. Tal y como recoge el PP en el documento, las agresiones y delitos contra el principio de autoridad suponen una media de 1.400 mensuales y no han dejado de incrementarse entre el 2020 y el 2022. Así, en 2020 se registraron 13.671 hechos delictivos; en 2021, 15.360; y, en 2022, 16.651. «Las infracciones van en claro aumento, lo cual es muy preocupante para una sociedad que valora a sus fuerzas y cuerpos de seguridad por su contribución a la seguridad ciudadana», señala la iniciativa de los populares, ya registrada en el Congreso.
De hecho, la PNL también cita esa pretensión del Gobierno de modificar la Ley de Seguridad Ciudadana en un momento en que los efectivos de los cuerpos policiales «se encuentran debilitados por el actual escenario de violencia agravada y pérdida del principio de autoridad policial». «Por lo tanto, no solo se debe evitar la modificación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (…), sino que el resto de los grupos parlamentarios que quieran abordar con garantías los nuevos desafíos delictivos a los que nos enfrentamos, tienen la responsabilidad de ofrecer nuevas medidas que refuercen a todos los cuerpos policiales», añade el documento de los populares.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana pactada por Bildu y el Gobierno incluye una rebaja de las infracciones por desobediencia y resistencia a la autoridad (pasa de grave a leve); se rebajan las faltas de respeto a los agentes, que ahora «deberá tratarse de expresiones relevantes» para que sean sancionables; se eliminan las pelotas de goma, que serán sustituidas por mecanismos menos lesivos, aunque tampoco se ha concretado el qué; y, se limitan las devoluciones en caliente de inmigrantes, La intención de los grupos impulsores de la reforma legislativa es que esté aprobada antes de 2025, por lo que se aspira a hacerlo de forma inmediata.
En este sentido, además de reformar estos cuatro puntos, la proposición de ley que se ha registrado por PSOE, Bildu, Sumar, ERC, PNV y BNG recoge ya los acuerdos que alcanzaron esos grupos en la pasada legislatura para reformar Seguridad Ciudadana.
¿Por qué el PP apuesta por crear una Fiscalía Especial para proteger a los agentes policiales ante las agresiones? Según exponen los populares en la iniciativa, el «objetivo es agilizar las investigaciones judiciales» en relación con los delitos cometidos contra los agentes policiales. «Dicha Fiscalía debe incardinarse en el compromiso con los valores democráticos y el derecho de aquellos que trabajan para la paz social y la seguridad pública», argumenta el PP, que también recoge datos sobre el impacto que tienen las agresiones sobre los agentes policiales. En concreto, el 12% de los delitos que tienen como objeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acaban provocando una baja laboral, «con la consiguiente repercusión negativa, tanto personal como para la seguridad del colectivo». «Ya hace años que los sindicatos y las asociaciones integradas por agentes policiales locales, autonómicos y del Estado reclaman reformas legislativas para buscar una mayor protección para los cuerpos policiales», expone la PNL del PP, haciéndose eco de las peticiones de los propios agentes, que vienen denunciando inseguridad durante los últimos tiempos por la creciente agresividad de los delincuentes, pero también por la falta de medios y el menor respaldo de los políticos.
