La consejera de justicia del País Vasco, del PSOE por más señas, ha ordenado el tercer grado para dos presos de ETA a fin de que se vayan a su casa a cumplir lo que les resta de condena. Son un asesino múltiple –Harriet Iragi– y el otro –Luis Mariñelarena– uno de los que mató a mi hermano Fernando Buesa, socialista, por cierto. La señora San José había declarado no hace mucho que iba a cambiar la política penitenciaria «aplicando con rigor la legislación». Y lo ha hecho con rotundidad, pues si hasta ahora el PNV liberaba etarras más bien de tapadillo, ella lo hace enviando un mensaje a los albaceas de la organización terrorista –Sortu y Bildu– para aclararles que el partido socialista ha roto con la doctrina que mantuvo al respecto en el pasado. Esa doctrina la formuló con claridad Fernando Buesa antes de ser abatido junto a Jorge Díez, su escolta, con un coche-bomba que estalló a su paso. Dijo: «Nos han pedido que pongamos en libertad (a los presos de ETA). Y yo no puedo estar de acuerdo en que quien ha cometido un delito gravísimo de terrorismo, que no ha pedido perdón a las víctimas a quienes ofendió, y que cumple condena de acuerdo con la ley, esté en la calle pasado mañana».
La liberación de Mariñelarena –que le ha ahorrado siete años de cárcel– tiene así un valor simbólico que va más allá del mero acto administrativo dictado ilegalmente por la señora San José. La izquierda abertzale tendrá claro desde ahora que, mientras gobierne el PSOE, no habrá escrúpulos morales para sacar a los etarras de la cárcel, incluso aunque se incumplan los requisitos que la ley penal establece para que pueda concedérseles el tercer grado
–arrepentimiento expresado mediante la delación de quienes cometieron atentados, y perdón de las víctimas–. Y que sus votos son rentables. Se configurará así la victoria final de ETA. Y mientras tanto la Fundación Fernando Buesa no se ha dado por enterada ni ha dicho nada acerca de este asunto, mostrando así su entero sometimiento a los intereses del contubernio nacional-socialista que gobierna el País Vasco –y nutre también sus cuentas–. ¡Qué vergüenza y qué desolación!
