Andalucía no quiere una quita de deuda, para empezar porque no la tiene desbocada como otra comunidades. La Junta reclama una propuesta para compensar la infrafinanciación, más allá de un acuerdo de conveniencia que case con el cupo catalán.
La consejera andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, retó directamente a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a hacer una propuesta para compensar la «infrafinanciación» que tiene Andalucía en lugar de una «quita de deuda», según señaló en declaraciones a Canal Sur recogidas por Ep.
La consejera andaluza argumentó que en la comunidad la «deuda no es un problema» al estar «controlada», ya que se sitúa «bastante por debajo de la media» de las regiones. Por tanto, lo que la Junta de Andalucía reclama es que el Gobierno central impulse un fondo de compensación que palie la «infrafinanciación» de 1.500 millones anuales que tiene Andalucía con el actual sistema de financiación autonómica, que viene de la época de Zapatero y cuya reforma promulgaba la propia vicepresidenta Montero cuando era consejera de Hacienda en Andalucía.
La Junta, ante la falta de concreción de Pedro Sánchez tras su encuentro con Juanma Moreno en La Moncloa, espera una propuesta, «una oferta», dentro del cambalache en que se ha convertido la financiación tras las concesiones a los independentistas a cambio de la investidura del socialista Salvador Illa en Cataluña. Carolina España lamentó que Andalucía «no está en la agenda» del Gobierno de Pedro Sánchez a diferencia del «independentismo». «El Gobierno de España, en lugar de apoyar a Andalucía y darle lo que le quita, está aprobando una financiación privilegiada para el independentismo catalán», criticó España.
Por su parte, los secretarios generales del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, y de PSPV-PSOE, Diana Morant, que reunieron en Sevilla, reivindicaron un nuevo modelo de financiación autonómico «justo» con Andalucía y la Comunitat Valenciana y que «blinde los servicios públicos fundamentales», incluyendo la sanidad, la educación y la dependencia, materias que reclaman preservar «del destrozo, los recortes y las privatizaciones que lleva a cabo el PP allí donde gobierna».
Morant y Espadas apostaron por un nuevo modelo de financiación autonómica, por cuanto el actual expiró en 2014 tras haber entrado en vigor en 2009, «cuyo eje central sea la población, que garantice la prestación de los servicios públicos en todos los contextos económicos y políticos», así como asegure «el acceso de toda la ciudadanía a unos servicios públicos de calidad independientemente de la comunidad donde se viva». «Tan perjudicial es para la ciudadanía la falta de financiación como la ineficacia en la gestión y las políticas neoliberales y privatizadoras del PP, que están empeorando seriamente la calidad de vida de andaluces y valencianos», defendieron.
