Después de que la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, soltara esta la «bomba» de que quiere abordar una reforma sobre la incapacidad temporal, las reacciones se han precipitado a la misma velocidad que se ha elevado la polémica. Los sindicatos dudan de su eficacia y de que se abra un nicho de precariedad laboral –además de afear a la ministra que no lo comunicara antes a los agentes sociales– y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, rechazó directamente la propuesta, lo que ha abierto un nuevo enfrentamiento en el seno del Gobierno de coalición.
Ayer, en el programa de Carlos Alsina «Más de uno», en Onda Cero, Saiz volvió a defender la necesidad de abrir un debate sobre las bajas laborales, que solo busca «ampliar derechos» y que está en una «fase inicial», en la que se escuchará a los agentes sociales y otros expertos para intentar adaptar la incapacidad temporal a las nuevas realidades sociales y laborales.
Saiz planteó su intención de abordar esta reforma para dar más flexibilidad en algunos supuestos que permitan incorporarse a la actividad laboral de forma voluntaria por parte del trabajador, lo que levantó inmediatamente el rechazo frontal de Díaz, que en sus redes sociales espetó que «solo hay una razón detrás de la incapacidad temporal: proteger la salud de las personas trabajadoras. No hay más opciones ni razones. Ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega».
Oros ministros de Sumar, como el de Cultura, Ernest Urtasun, o la de Sanidad, Mónica García, también han mostrado su negativa a lo planteado. Urtasun ve «peligroso» flexibilizar las bajas por cómo podría ser utilizada esta medida «por parte de determinados empleadores», mientras que García ha sentenciado que «la baja médica es un acto médico y lo vamos a defender a muerte».
Pese a ello, Saiz se mostró ayer conciliadora al recalcar que «la salud de los trabajadores está en el epicentro, eso es irrenunciable», e insistió en que cualquier cambio «será con la voluntariedad del trabajador y analizando cada caso y con supervisión médica. No es una cuestión económica, es ampliar derechos y avanzar en justicia social». Eso sí, quiso dejar claro a los ministros de Sumar que en esta reforma las competencias son de su Ministerio, aunque buscará el consenso con todas las partes. «Es una cuestión que está en el ámbito de la Seguridad Social, pero por supuesto se puede y se va dialogar con todos lo que quieran aportar sus propuestas».
Pese a que reconoce que cualquier reforma en esta cuestión es «delicada», apuesta por el consenso en las mesas de diálogo social, que es dónde debe ir «en la buena dirección» y apuntó, en otro mensaje solapado enviado a Díaz, que este «es un debate en una fase muy inicial que el Ministerio, con las competencias que tiene, ha puesto encima de la mesa para que los agentes sociales lo aborden y lo analicen y, si hubiera consenso, realizar modificaciones legales», que necesitarían posteriormente el apoyo de las Cámaras. «Este es un tema que está en el día a día de trabajadores y también de empresas y, por eso, es acertado ponerlo encima de la mesa».
Saiz ha desligado que el objetivo de esta reforma sea económico, pero hay que recordar que el año pasado se concedieron en España más 8,1 millones de bajas por enfermedades y accidentes no laborales, un 11,3% más que el año anterior, y representaron un impacto para las empresas de 25.326 millones, un aumento del 17,65% respecto a 2022, según los datos del último informe del absentismo laboral de la asociación de mutuas AMAT. En los cinco últimos años, el coste de la incapacidad temporal por contingencias comunes ha aumentado un 73,9%, algo que responde al incremento de los procesos de baja, pero también al crecimiento generalizado de los salarios y de la población protegida consecuencia de la mejora del empleo. Del impacto total derivado de estos procesos el pasado año, 13.081 millones, un 16,2% más, respondieron a las prestaciones de la Seguridad Social, mientras que 12.245 millones, un 19,26% más, fueron el coste directo para las empresas.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, echó un capote a Saiz y reivindicó que hay que «darle una oportunidad al diálogo con tranquilidad, sin hacer exabruptos».
