La Unión Europea prosigue con su máxima de “quien contamina, paga”. En esta ocasión, serán los sectores farmacéutico y cosmético los que tendrán que sufragar al menos el 92% de la factura de la gestión de las aguas residuales urbanas. El porcentaje restante será financiado según lo decida cada país.
La legislación aprobada por las instituciones europeas (directiva TARU), y que ahora debe adaptarse al ordenamiento nacional interno establece que, para 2035, las aguas residuales urbanas deberán ser sometidas a tratamiento secundario (la eliminación de la materia orgánica biodegradable) antes de su vertido al medioambiente. Esto afectará todas las aglomeraciones a partir de 1.000 habitantes equivalentes (unidad de medida estándar que describe la contaminación media emitida por una persona al día).
Habrá diferentes fases. A partir de 2039, el tratamiento terciario (la supresión de nitrógeno y fósforo) deberá aplicarse en todas las plantas de tratamiento de aguas que cubran a partir de 150.000 habitantes equivalentes. Las exigencias serán cada vez más duras, ya que el objetivo reside tanto en un mejor tratamiento de las aguas como en dar el suficiente tiempo de adaptación a la industria.
Un tratamiento adicional para retirar microcontaminantes (cuaternario), será obligatorio para las plantas a partir de 150.000 habitantes equivalentes (y más de 10.000 habitantes equivalentes, basado en una evaluación de riesgo) para 2045. Según los cálculos de Bruselas, el 92% de los microcontaminantes provienen de la industria farmacéutica y cosmética y, por lo tanto, deben ser estos dos sectores los que corran con los gastos.
Vigilancia de virus emergentes
Además, la normativa también estrecha la vigilancia de los virus conocidos y patógenos emergentes, los contaminantes químicos, incluidas las sustancias que permanecen largo tiempo en el agua, como las perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), los microplásticos y la resistencia antimicrobiana.
Las autoridades nacionales estarán obligadas a promover la reutilización del agua residual tratada en plantas, sobre todo en zonas con escasez, y también a gestionar mejor las aguas pluviales en las ciudades más pobladas.
Según las estimaciones previas de la Comisión Europea, el tratamiento de los microcontaminantes supondrá un gasto para las empresas farmacéuticas de los Veintisiete de unos 1.200 millones de euros. El sector, representado por la Federación Europea de Industria Farmacéutica (Efpia), sin embargo, eleva estos cálculos y cree que la factura total se situará entre los 4.500 y los 5.100 millones de euros.
Una elevada factura en España
La estimación del gasto que supondría en España para la industria farmacéutica se ha hecho a partir de los datos de Alemania, que está presente en el 17% del mercado europeo, por lo que su montante sería de entre 850 y 1.000 millones de euros. Como la española está presente en el 11% del territorio comunitario, le corresponden entre 500 y 1.000 millones.
Las tres patronales más fuertes del sector, Farmaindustria, la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg) y Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp), que agrupa a las compañías que fabrican y comercializan medicamentos y productos destinados a este fin, están trabajando ya en conjunto, y con los ministerios de Transición Ecológica e Industria, para presentar sus alegaciones a la directiva.
Fuentes de Farmaindustria, la patronal española de la industria farmacéutica, señalan a este periódico que, pese a que el sector es uno de los más comprometidos con el medioambiente, y a que apoyan completamente el objetivo de conseguir unas aguas urbanas libres de microcontaminantes, comparten al 100% las estimaciones de la Efpia, y sobre todo, que la CE tendrá que demostrar, con transparencia y datos serios, el porcentaje de responsabilidad que les ha adjudicado.
Por encima de todo, piden que la categorización del tipo de microcontaminantes y el porcentaje que correspondería a cada sector (no solo al suyo) se haga de forma rigurosa, “porque lo que no sería justo es que la industria farmacéutica pagara también el 10-20% restante que no le corresponde”, añaden.
“No pasarse de frenada”
De la misma opinión es la patronal de los medicamentos genéricos en España, Aeseg, que, además, destaca que el suyo es un sector que tiene la particularidad de que produce muchas unidades a un precio muy bajo, por lo que “si nos ponen más palos en las ruedas, mínimo habrá consecuencias en el desabastecimiento”, avisa Ángel L. Rodríguez de la Cuerda, presidente de Aeseg.
Para explicar la contradicción que supone esta directiva con lo que, por otro lado, se está demandando a la industria farmacéutica desde Europa, como el esfuerzo por mantener la I+D y la producción en el territorio comunitario, por frenar la deslocalización o por tener independencia en la producción de medicamentos críticos, Rodríguez de la Cuerda hace alusión a una de las conclusiones clave del informe Draghi. “Lo que viene a decir es que no hay que ‘pasarse de frenada’. Europa tienen la política medioambiental más restrictiva del mundo, y hay que valorar las consecuencias”.
Aunque ha sido clara en señalar a los responsables, por ahora la directiva no es concreta ni rigurosa en nada más. Por eso, desde Anefp explican a LA RAZÓN que los principales interrogantes son cuáles han sido los estudios científicos en los que se han basado para determinar los porcentajes (es decir, rigor), cuáles son los productos que más microcontaminantes producen y cómo se ha determinado que proceden del sector farmacéutico (transparencia) y cómo se va a establecer la gobernanza de esta misión “titánica”.
Atribución errónea
En la misma línea, la patronal de cosmética española, Stanpa, explica a este periódico que “el sector europeo de la cosmética está altamente comprometido con la protección del agua y, por ello, muy preocupado por la errónea atribución de una responsabilidad desproporcionada en la posible microcontaminación del agua residual urbana”. “Esperamos y confiamos en que las autoridades comiencen por publicar la lista de elementos microcontaminantes lo que permitirá, a continuación, identificar a los contribuyentes, pondrá de manifiesto la mínima contribución de la cosmética, y será la base para aplicar correctamente el principio de ‘quien contamina paga”, destacan.
