El visitante que acuda a Sevilla por estas fechas y no repare en el calendario podría pensar que, en lugar de otoño, es primavera, cuando se celebra la Semana Santa. Desde septiembre hasta el 8 de diciembre, en la ciudad están agendadas más de 50 procesiones, una salida de una cofradía cada dos días. El colofón llegará en el puente de la Inmaculada con la Magna, un cortejo organizado con motivo del II Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías que, además de imágenes llegadas de otros municipios de la provincia, sacará a la calle cuatro de las principales devociones de la capital andaluza: Gran Poder, Macarena, Esperanza de Triana y El Cachorro.
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Otros regidores lo propusieron sin éxito
Para el historiador César Rina, no deja de ser una contradicción que sea precisamente Sanz, que basó buena parte de su campaña electoral en granjearse el apoyo del mundo cofrade, el que se haya planteado esa tasa a las procesiones. “Él quiso sacar partido de este espectáculo”, indica. Y reconoce que, si la propuesta la hubiera planteado un político de izquierdas, hubiera provocado “motines en la calle”.
También han sido del PP los alcaldes que en el pasado propusieron imponer una tasa a las hermandades por el uso del suelo público. El exregidor popular José Ignacio Zoido la puso encima de la mesa para sufragar la presencia de policías en las salidas de las hermandades de Gloria (pasos de Vírgenes que no procesionan bajo palio) en 2012, pero la oposición del Consejo de Hermandades hizo que no prosperara. En ese mismo año, la alcaldesa popular de Cádiz, Teófila Martínez, insinuó que las cofradías deberían abonar una tasa por ocupación de la vía pública, lo que generó tal revuelo que finalmente se adoptó un convenio por el que el consistorio asumía la mayor parte de sus gastos.
También en 2012, el equipo municipal popular de Málaga trató de imponer una tasa para gravar la presencia de la Policía Local en eventos y, ante las críticas, tuvo que matizar que solo era para los que tuvieran ánimo de lucro, dejando al margen los actos religiosos. Solo Córdoba instauró una tasa por ocupación de la vía pública en 2020 que se aplicaba también a las hermandades, gracias a los votos de PP, Vox y Cs. Solo funcionó un año, porque en 2021 quedaron exentas.
