El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, afronta mañana en el Parament su primer Debate de Política General (DPG) al frente del Govern el mismo día que se cumplen dos meses de «su» pleno de investidura, que salió adelante con una «mayoría progresista» y gracias a un acuerdo con ERC que incluye un «modelo de financiación singular» que será defendido mañana tanto por los socialistas como por los republicanos, quienes han impulsado que se debata la propuesta. Tras ocho semanas de mucho ruido alrededor del llamado «cupo catalán», criticado por PP, Vox, amplios sectores del PSOE -el propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lo ha deslegitimado por completo este fin de semana- y también por Junts, que desconfía de su cumplimiento y teme que acabe siendo un nuevo «café para todos», el Parlament deberá pronunciarse al respecto en este pleno, que se alargará desde mañana por la tarde, cuando interviene Illa sin límite de tiempo, hasta el jueves, cuando se votan las propuestas de los distintos grupos.
ERC, que confirmó en la jornada de ayer a través de su secretaria general adjunta, Marta Vilalta, que también propondrá en el DPG un referéndum pactado con el Estado, busca poner en evidencia a un Junts que llevaba en su programa electoral un modelo de financiación muy similar al acordado entre ERC y PSC. La propuesta de resolución, que será apoyada por los socialistas y también por los comunes, pretende reafirmar asimismo que el «compromiso» reiterado por Illa de cumplir los acuerdos «íntegramente» sigue intacto, aunque sus palabras puedan ahondar en las discrepancias internas del PSOE en este sentido. El referéndum pactado, que no ha sido consensuado ni con Junts ni con la CUP, que también llevarán a la Cámara sus propias propuestas en este sentido, podría contar únicamente con el apoyo de los 20 diputados republicanos.
El DPG, en cualquier caso, también pondrá de manifiesto las principales líneas de actuación de los distintos grupos, que intervendrán el miércoles, en la presente legislatura, algo que desde las distintas formaciones han trabajado estas últimas semanas. Los comunes, que negocian con el Govern socialista unos Presupuestos para 2025 que incorporen aquello acordado en su acuerdo de investidura y son «optimistas» en este sentido, volverán a poner el foco en la Vivienda y en las políticas sociales del ejecutivo, que de momento consideran insuficientes. La sintonía entre Illa y Jéssica Albiach, presidenta de los morados, es muy buena, e incluso estos últimos podrían entrar en el Govern en los próximos meses, pero las líneas rojas de los comunes están marcadas desde hace tiempo y no se moverán, aseguran, «ni un milímetro» de estos postulados, que por ejemplo incluyen la no actuación en el paraje natural de La Ricarda para ampliar el Aeropuerto de El Prat, algo que la Generalitat no ha descartado todavía.
En cuanto al resto de partidos de la oposición, que pueden presentar hasta 22 propuestas de resolución cada uno, se espera una actitud hostil hacia el presidente de la Generalitat. Si Junts, que carece de líder en el Parlament y parece que nadie ocupará el escaño de Carles Puigdemont por el momento, busca insistir en la «falta de ambición nacional» de este ejecutivo, algo que remarcó ayer su secretario general Jordi Turull, partidos como PP y Vox recriminarán a Illa justamente lo contrario. Los de Alejandro Fernández y los de Ignacio Garriga, asimismo, reprocharán al Govern su «tibieza» a la hora de afrontar los problemas de inseguridad que sufre Cataluña, algo que también preocupa a los posconvergentes -que se reunieron ayer con la consejera de Interior, Nuria Parlon, con este pretexto- y a Aliança Catalana, que tiene intención de seguir crispando el debate político. Su líder, Sílvia Orriols, propone, con dos diputados, erigirse como líder de la oposición: «La plaza está vacante».
