El Tribunal de Cuentas, en su Informe de Fiscalización de los contratos tramitados de emergencia por los ayuntamientos de los municipios con población superior a 300.000 habitantes para atender las necesidades derivadas de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria causada por el Covid-19 en el ejercicio 2020, afeó al Ayuntamiento de Sevilla el uso que hizo de esta prerrogativa para justificar adjudicaciones directas de conservación de jardines y arrancar malas hierbas en los colegios.
En concreto, el órgano fiscalizador pone el acento en un contrato que tenía por objeto «la conservación y mantenimiento de jardinería y limpieza de exteriores del edificio de la Gerencia de Urbanismo» y otro destinado a «el desbroce de malas hierbas de los colegios públicos competencia del Ayuntamiento».
En ambos casos, el consistorio hispalense, que contaba en esa época con Juan Espadas como alcalde, justificó la adjudicación directa por el riesgo de incendios.
Así, adjudicó un contrato menor por 8.886,14 euros, IVA excluido, para el mantenimiento de los jardines de la Gerencia de Urbanismo «ante la imposibilidad de tener concluido antes de esa fecha el procedimiento abierto iniciado en febrero 2020» para tal fin mediante un proceso participativo más garantista. En el segundo caso, el importe fue de 24.000 euros más IVA para quitar «malas hierbas» en los colegios que habían permanecido cerrados por la pandemia.
El Tribunal de Cuentas señala en su informe que «la suspensión de las clases presenciales en los colegios no implicaba la paralización de los trabajos preventivos necesarios para evitar el crecimiento de malas hierbas» y señala que «una adecuada planificación hubiera debido incluir en los servicios esenciales al personal propio necesario para realizar estas labores, en lugar de acudir a su contratación por vía de emergencia».
En las alegaciones del Ayuntamiento se señala que el primero de los contratos –los jardines de Urbanismo– y ante los reparos de la Intervención, el mismo «fue objeto de reconocimiento extrajudicial de crédito», al no salvarse la discrepancia por el Sr Alcalde».
El PSOE ha denunciado los contratos menores y los contratos de emergencia adjudicados por el Gobierno andaluz en los últimos años. En el primer caso, la crítica socialista es relativa al fraccionamiento de contratos en la sanidad pública andaluza por un importe de más de 450 millones de euros. Una práctica que no es nueva y que es una manera de proceder habitual del Servicio Andaluz de Salud en los últimos años.
La segunda denuncia es distinta y es un tema que investiga un juzgado de Sevilla. En este caso, los socialistas se personarán como «acusación particular» en la denuncia presentada por los 30 diputados del Grupo Parlamentario Socialista el pasado 20 de junio contra el Gobierno de la Junta por «presunta malversación y prevaricación» en la adjudicación de en torno a 300 millones de euros mediante contratos de emergencia sanitaria realizados por el procedimiento excepcional aprobado para la pandemia de Covid-19 una vez que el marco legal concreto había expirado.
Desde la Junta de Andalucía aseguraron ayer que esta admisión a trámite es una «cuestión técnica de carácter administrativo» y que «que existen informes jurídicos no preceptivos que avalan la legalidad de todo tipo de contratos en el SAS».
