Recientemente, antes del nombramiento del nuevo Gobernador, el Banco de España publicó el artículo «El gasto público en defensa, orden público y seguridad en España y en la Unión Europea», en el que analiza el gasto público en esas áreas y, además, sugiere una cooperación más fuerte y una mayor coordinación en la seguridad como bien público europeo.
La actual situación de creciente tensión geopolítica mundial ha impulsado a la Unión Europea a fortalecer su política de seguridad y defensa, buscando una mayor autonomía estratégica, replanteándose su papel geoestratégico, sobre todo desde la invasión rusa de Ucrania, llevando a adoptar en 2022 la Brújula Estratégica o Strategic Compass. Esta iniciativa tiene como finalidad cerrar las brechas en capacidades militares y mejorar la cooperación dentro de la UE en materia de seguridad y defensa.
El artículo proporciona una panorámica del gasto público en defensa, seguridad y orden público en la UE y España relativos al año 2022, subrayando la problemática que supone financiar estos esfuerzos en un contexto de elevado déficit y considerable deuda. En el mencionado 2022, el gasto conjunto en seguridad y defensa (incluyendo fuerzas armadas, de seguridad, tribunales e instituciones penitenciarias) en la UE y España alcanzó el 3% del PIB, un porcentaje inferior al de otras potencias como Estados Unidos, Reino Unido o Rusia, donde ese gasto es considerablemente mayor. Además, se observa un nivel de heterogeneidad significativo entre los países miembros de la UE.
Por su parte, el gasto en defensa ascendió al 1,3% del PIB europeo, observándose también una enorme heterogeneidad. Mientras que países como Francia gastaron el 1,8%, España y Alemania se situaron a la cola, con aproximadamente el 1%. No obstante, Alemania ha incrementado sustancialmente su gasto en defensa por la creciente amenaza rusa, hasta el 2% del PIB, que es el objetivo de la OTAN. Ese nivel de gasto debería cumplirse por todos los países miembros en este año de 2024, aunque España lo ha retrasado hasta 2029. A nivel internacional, el gasto en defensa de la UE está considerablemente por debajo de los de Estados Unidos (3,3% del PIB) del Reino Unido (2,1%) y de Rusia (4,06%).
El Banco de España señala también que, en comparación con otras potencias mundiales, la UE invierte relativamente poco en investigación y desarrollo (I+D) en defensa. En 2022, solo Francia destacaba con una inversión en I+D del 0,1% del PIB, aunque muy inferior del 0,4% de EEUU.
En España y en la mayoría de los países de la UE, la inversión en este concepto es prácticamente nula. Esto supone una enorme desventaja para la industria militar española y europea, quienes dependen en gran medida de suministros externos, lo que limita significativamente su capacidad y autonomía estratégica. España en las últimas décadas ha padecido una acusada desindustrialización en materia de defensa, que le ha obligado a importar material militar a pesar de tener sobradas capacidades para su fabricación nacional.
El articulo resalta que el gasto en personal ocupa una porción considerable (a pesar que nuestros militares están claramente infra retribuidos) de los presupuestos en defensa en España y en la UE, especialmente en comparación con países como el Reino Unido, que asigna una mayor proporción de su gasto a la inversión y al consumo intermedio.
El Banco de España argumenta, con toda razón, que la seguridad y la defensa deben ser vistas como bienes públicos europeos, lo que justificaría una mayor cooperación y coordinación en su provisión y financiación.
La provisión de estos bienes a escala nacional puede llevar a ineficiencias, fragmentación y dependencia de suministros externos, lo que pone en riesgo la autonomía estratégica de la UE. Por el contrario, la coordinación a nivel europeo podría generar importantes beneficios, como menores costes y mayores sinergias en áreas como la producción y la gestión de material militar, la contratación pública o la inversión en I+D.
El fortalecimiento de la cooperación europea en seguridad, especialmente en áreas como la ciberseguridad, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, así como en las misiones militares conjuntas, es fundamental para mejorar la capacidad operativa y la eficiencia económica.
En todo caso, al menos en España, queda pendiente una imprescindible, y cada vez más urgente, acción administrativa para lograr una mayor eficiencia del gasto público. Es conocido que éste es ineficiente en muchísimos casos, con administraciones duplicadas, servicios sobredimensionados, gastos superfluos y otras ineficiencias, que debidamente corregidas podrían financiar mejores servicios, entre ellos el bien público seguridad y defensa. No se trataría de gastar más, sino mejor.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, lleva años alertando –por eso los Organismos Reguladores deben ejercer sus funciones con independencia– de esta cuestión, aunque con escaso éxito, ya que se viene poniendo de manifiesto la pérdida de miles de millones de euros anuales por las ineficiencias detectadas, sin que se terminen de adoptar las correspondientes medidas correctoras.
