Dos ficciones antiliberales sostienen que la organización libre de la vida social genera problemas por ser libre, y que la coacción puede resolverlos.
Cualquier intervención política y legislativa, desde la educación hasta la sanidad, pasando por las pensiones o el empleo, por no hablar de los llamados bienes públicos, se fundamenta en dichas ficciones. Se nos asegura, por ejemplo, que la libertad ha causado el problema de las pensiones, pero que el Estado puede solventarlo mediante la Seguridad Social. La realidad es justo la contraria: no ha sido la libertad la causante, sino, precisamente, el intervencionismo, que no solo no lo ha resuelto sino que en la mayoría de los países ha dejado a las pensiones en una situación insostenible sin una coacción aún mayor sobre los ciudadanos.
Un caso llamativo es el de la vivienda, porque no parece que construir casas constituya una dificultad insuperable, y, sin embargo, en casi todo el mundo hay falta de viviendas asequibles. Automáticamente se acude las ficciones y se nos asegura que el mercado no puede con todo y que se necesita la intervención pública para que tengamos el «derecho a la vivienda digna», es decir, buena y barata.
Pero es justamente esa intervención la que ha desencadenado el problema, desde la falta de suelo hasta la inseguridad jurídica o el desempleo. Pero los antiliberales no solo no lo reconocen sino que niegan los costes de sus soluciones mágicas: por ejemplo, piensan que la vivienda pública es prácticamente gratis, y que su financiación no va a representar un quebrantamiento de los derechos de los propietarios privados, y los contribuyentes.
Hablando de propietarios, otra vez, se les atribuyen todos los males, hasta extremos ridículos. Véase la demagogia contra los desahucios, como si no representaran una defensa de la propiedad de las personas. Hace un tiempo la ultraizquierda clamó contra el desahucio de una señora en Barcelona «por 88 euros». Manuel Llamas aclaró en Libertad Digital que la señora vivía en una casa de renta antigua, claro problema creado por la intervención, y que además poseía otra vivienda y 80.000 euros en el banco.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dijo «tendremos que intervenir», como si no lo hubiera hecho ya. Eso sí, aprovechó para criticar a Ayuso, que es la culpable de todo. De liberar precios, quitar trabas y bajar impuestos, nada de nada.
