El 3 de abril de 2009 una grabación destapó un intento de extorsión en Mercasevilla y de ahí, tirando del hilo, la jueza Alaya comenzó la instrucción del «caso ERE», una causa que costó la carrera política a los ex presidentes Chaves y Griñán y acabó con varias décadas de altos cargos socialistas en prisión. El 5 de diciembre de 2017 comenzó la primera vista del llamado «procedimiento específico» para determinar si hubo «una gran trama» además de «un gran fraude». El 19 de diciembre de 2019 Griñán era condenado a seis años de cárcel y Chaves fue inhabilitado. El 26 de julio de 2022 el Tribunal Supremo (TS) confirmó las penas. Griñán postergó la entrada en prisión alegando cáncer. En julio de 2024 el Tribunal Constitucional (TC), en un fallo sin precedentes, enmendó la plana de Supremo y envió el caso de nuevo a la Audiencia de Sevilla para dictar una nueva sentencia. Los condenados en prisión fueron saliendo en cascada y la causa entró en terreno inexplorado e, incluso, inhóspito en términos de jurisprudencia considerando los votos particulares contra el dictamen de la mayoría progresista del Constitucional (siete contra cuatro). Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) consulta «de forma urgente» al Poder Judicial sobre la excedencia de una magistrada que dictó la sentencia primigenia. El presidente del alto tribunal andaluz no descarta una nueva vista y admite que la situación es «un contratiempo importante» y que un nuevo juicio «sería un problema de tiempo enorme».
El TC envió de nuevo la causa a la Audiencia de Sevilla para dictar nuevas sentencias e invalidando los fallos –no anulando los delitos– del citado órgano judicial y del Supremo. Los votos particulares aludieron al «exceso de jurisdicción en incurrió el Constitucional al rectificar por primera vez al Supremo en la interpretación de un elemento recogido en la descripción de la conducta típica, que socava la jurisdicción del TS como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes y máxima autoridad jurisdiccional en la función de interpretar y aplicar la legislación vigente convirtiéndose el TC en un tribunal de casación». El Constitucional tumbó la malversación y abocó el «caso ERE» al indulto de facto. Con esta controvertida decisión, los ERE entraron de nuevo en un laberinto. La revisión dificulta aún más la reclamación de casi 200 millones injustificados. El PSOE-A, por su parte, pasó a la ofensiva con querellas, recordando que la Junta sigue pagando prejubilaciones y rehabilitando a Chaves y Griñán como mártires políticos.
El pasado julio se consumó la revisión del TC, aceptando en parte los recursos de una docena de condenados, con la salvedad del ex director de Trabajo Juan Márquez; el ex viceconsejero Agustín Barberá, que no recurrió al TC; y el ex consejero José Antonio Viera, cuyo recurso fue rechazado por un error de forma «insubsanable». Ha pasado un trimestre sin que la Audiencia haya podido dictar sentencia en un proceso que durará meses y sin precedentes. El TC insta a la rebaja de la pena de inhabilitación, como en el caso de Chaves, y a la anulación de condenas de cárcel por malversación a otros como el que fuera su sucesor, José Antonio Griñán. Para después del verano, al ser agosto inhábil, se debió constituir la sala pero se da la circunstancia de que sólo una de los tres magistrados (Pilar Lorente) que en su momento dictaron la sentencia sigue en la Audiencia. El magistrado presidente Juan Antonio Calle Peña está jubilado y Encarnación Gómez Caselles ejerce en Alicante y tendría que «solicitar la autorización de actuación al estar destinada fuera del ámbito del TSJA» pero es que además está en excedencia por cuidado de un familiar. El CGPJ tendrá que decidir la vía de salida. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, calificó como «rocambolesco» un «retraso sine die» de la revisión de los ERE. El PSOE-A minimiza la nueva espera considerando que ya se dictaminó que «no hay trama política».
«Existen muchas dudas» por la falta de precedentes, señalaron en la Audiencia. Hay algunas certezas, como que Griñán, que no entró en la cárcel por la enfermedad que padece, no pisará la prisión definitivamente al anularse la malversación. Otros ex altos cargos han visto anuladas o reducidas sus condenas de malversación y el restó salió ya de prisión, empezando por la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, que estaba en régimen de tercer grado. Al ex consejero de Empleo Antonio Fernández le «reducirán» la pena pero no se anulará la cárcel. La condena de Chaves a nueve años de inhabilitación debe ser «reducida», también la de Magdalena Álvarez o Griñán.
La nueva sentencia de la Audiencia tampoco será el final de esta pieza de los ERE, al ser recurrible. Aparte, la causa tiene más 130 casos pendientes de juicio. En la última sentencia sobre una de las piezas separadas, la Audiencia estalló hablando del proceso para repartir los fondos como de una «alcaldada indigna de una Administración como la Junta de Andalucía».
