“El Gobierno socialista radical, el heredero de Largo Caballero, con sus socios comunistas, secesionistas y ahora también con el PP, han obtenido una victoria en el Congreso, al dar vía libre a cercenar los derechos fundamentales de muchos españoles”. Es la primera reacción desde la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) al saber que la Cámara Baja ha aprobado tramitar una proposición de ley, presentada por el PSOE, que permitirá disolver las asociaciones que hagan apología del franquismo y, en última instancia, disolver la entidad creada en 1976.
“Es el comienzo del fin de la libertad de expresión y opinión de quienes no opinan lo mismo que el Gobierno”, denuncia su presidente ejecutivo, Juan Chicharro, quien cree que no hay “nada más lógico en una dictadura marxista, porque este es el camino en el que nos encontramos”, y “ahora”, lamenta, “también con el apoyo del PP”.
“Y todo ello”, continúa, “ante la pasividad de una sociedad relativista, como demuestra el voto a favor del PP, un partido del que no esperábamos mucho –al fin y al cabo, ya traicionaron a sus fundadores y a sus padres y abuelos en el año 2002 al condenar el alzamiento nacional de 1936–, no obstante, no perdíamos la esperanza de que se posicionaran, no en favor de la FNFF, pero sí de la libertad”.
Lamenta el general de División de Infantería de Marina –en situación de retiro– que “es evidente que han preferido ceñirse a sus intereses de partido y de quien les manda y maneja, en lugar de la opinión de muchos de sus votantes, y me consta que son muchos los que no comparten esta decisión”.
Afirma Chicharro que “estamos asistiendo, quizás, al comienzo del fin de una fundación legal con carácter histórico, pero si se creen que con ello van a conseguir que no sigamos rescatando la verdad histórica y nos callemos que se vayan olvidando”.
“Vamos a esperar y analizar no en caliente”, asegura el presidente de la FNFF, “pero, por supuesto, nos defenderemos en los tribunales”.
El Pleno del Congreso aprobó anoche la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE que reforma la Ley Reguladora del Derecho de Asociación para que se puedan disolver entidades que ensalcen el franquismo y humillen a sus víctimas, un proceso que se podrá iniciar a instancias de la Fiscalía y concretarse solo mediante resolución judicial.
La tramitación de la iniciativa fue respaldada por todo el hemiciclo, salvo Vox, único grupo que votó en contra. El PP también la apoyó pese a que durante el debate había acusado al PSOE de utilizar a Franco como “comodín”.
Aunque los socios del Gobierno votaron a favor de la tramitación varios de ellos anunciaron que presentarán enmiendas, pues consideran que la norma debe ser más ambiciosa. Además, ERC y Junts han puesto en duda que se vaya a poder aplicar, porque luego los jueces la pondrá práctica “como les da la gana”, como en el caso de la amnistía.
Con esta iniciativa los socialistas dan cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, que data de octubre de 2022, y que ya preveía la modificación de la ley de asociaciones en este sentido.
Sin embargo, la reforma llega con un año de retraso pues tenía que haber sido promovida a más tardar en octubre de 2023, doce meses después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria. Para poder acelerar su aprobación, los socialistas han optado por impulsar la reforma a través de una proposición de ley en vez de mediante un proyecto de ley del Gobierno.
La propuesta del PSOE consiste en la inclusión de una disposición adicional en la citada norma para incluir como causa de disolución “la realización de actividades que constituyan apología del franquismo”. La futura norma especificará que esa apología se podrá producir “bien ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior o bien enalteciendo a sus dirigentes, cuando concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado de 1936, de la guerra de España o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”.
En esa disposición se especifica que la disolución tendrá que realizarse mediante resolución judicial y que corresponderá al Ministerio Fiscal “el ejercicio de la acción en este tipo de procesos”.
Además, la proposición de ley del PSOE deja claro que el motivo de disolución se aplicará con independencia de los fines teóricos y actividades plasmados en los estatutos y de que la asociación cuestionada haya cumplido o no el deber de inscripción registral, toda vez que este se prevé solo a efectos de publicidad.
