La tensión entre los seis rectores de las universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Politécnica, Carlos III y Rey Juan Carlos) y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso crece según se acerca el día en que se conozcan los presupuestos de la Comunidad para 2025. En los pasillos se habla de una subida pírrica con la que no podría hacer frente a su dramática situación financiera. Los campus calculan que necesitarían 200 millones de euros extra para seguir abriendo cada día y no parece que esté en los planes del Ejecutivo regional, el que peor financia de España, un 21% de gasto por alumno por debajo de la media según el Ministerio de Ciencia, pese a que su renta per cápita es un 36,5% mayor. El Ejecutivo esquiva el tema hablando del caso Begoña Gómez y la Complutense, justificando la comisión de investigación a la esposa del presidente del Gobierno en la Asamblea con que “la universidad pública es excelencia”. Sin embargo, los rectores presionan para que, al menos, el Gobierno de Ayuso cubra todo el desembolso en nóminas ―como ocurre con los maestros o los médicos―, y los gastos mínimos de funcionamiento. En 2012 recibieron de transferencias corrientes 1.047 millones y una década después ―últimos datos oficiales― apenas 1.065 millones. Excelencia para unas cosas, escasez económica para otras.
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