Tras más de un año de operativo Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid daban con la autoría del mayor vertido de amianto, conocido como fibrocemento en su denominación genérica, de los últimos 10 años. Este material es considerado por la Unión Europea como uno de los más nocivos para el medio ambiente, así como para la salud, pudiendo llegar a provocar cáncer y otras enfermedades. Este vertido de 50 metros cúbicos fue encontrado en el municipio de Campo Real, en una zona de vegetación alejada de cualquier núcleo de población, «sin embargo, corría el peligro de que se filtrara en el aire o en el agua», revela Miguel Higueras, jefe del operativo.
Tras concluir las pesquisas, los agentes dieron con los responsables, incluso llegando a identificarlos hace ya un año. Pero, el proceso judicial no avanzó, ya que no dieron con una dirección postal o domicilio donde localizarlos. Sin embargo, este mes de agosto detectaban otro vertido ilegal producido por la misma empresa. Esta organización se encarga del transporte y gestión de residuos. Las planchas de amianto que se encontraron proceden habitualmente de los tejados de naves de polígono antiguas, ya que hace muchos años que no está permitido utilizar dichos materiales en la construcción, dado que puede ser muy perjudicial para los propios trabajadores. De hecho, si no es posible retirar estos tejados, hay que recurrir a empresas especializadas para desamiantar la infraestructura.
Durante la investigación del segundo vertido, ya sí pudieron elaborar un detallado atestado de más de 100 páginas, en las que se dio con el paradero y vivienda de los presuntos autores, además de lo que se conoce como «huellas de autor», con las que se les pudo vincular a la anterior infracción. Incluso, a través de vigilancias nocturnas pudieron llegar a concretar la nave de la que partían estas planchas de amianto. Ahora, el juzgado de Arganda tendrá que decidir a quién le pertenece la obligación de retirar dichos residuos nocivos, que aún se encuentran en Campo Real. Higueras matiza que este tipo de delitos contra el medio ambiente, no se suelen resolver con una detención, ya que no suponen un peligro flagrante de manera inminente, por lo que se suele resolver a través de una denuncia y un proceso judicial complejo.
Todo el proceso se ha documentado y se han presentado diligencias en el juzgado y ante la Fiscalía de Medio Ambiente, por un supuesto delito medioambiental de carácter grave. Los sospechosos pueden enfrentarse a penas de seis meses a dos años de prisión, una sanción económica y a inhabilitación especial para profesión u oficio entre uno y dos años. Los agentes forestales de la Comunidad de Madrid advierten de que este tipo de vertidos deben ser retirados por una empresa especializada, debido a su peligrosidad. Asimismo, recuerdan que ningún tipo de residuo debe ser abandonado en lugares no habilitados.
Para este fin, los ayuntamientos cuentan con servicios municipales o con los denominados Puntos Limpios: instalaciones adecuadas para los materiales que no pueden depositarse en los contenedores habituales de la calle y que deben ser recogidos separadamente para su posterior tratamiento por gestores autorizados. Las pequeñas empresas que generan cantidades reducidas de material de desecho también pueden hacer uso de los puntos limpios fijos, previa solicitud. Estos lugares permiten electrodomésticos, medicamentos, radiografías, termómetros, aerosoles, pilas, baterías de automóvil, aceites, cartuchos de tinta o tóner, pinturas, disolventes, fluorescentes y bombillas, entre otros productos.
