El Gobierno andaluz ha publicado el anteproyecto de ley de Presupuestos para 2025 en el que detalla el contenido del articulado y las disposiciones que lo acompañan. Precisamente, es en este apartado donde se concentran la mayoría de cambios legislativos ya que, por ejemplo, se modifican varios artículos del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado en 2010. Precisamente, en otra disposición adicional, concretamente en la octava, se introduce un cambio normativo sobre los seguro colectivos de vida y accidentes y seguro médico del personal de las agencias, los consorcios, sociedades mercantiles del sector público andaluz, fundaciones y demás entidades englobados en lo que se conoce como la administración paralela.
Este conglomerado de empresas que conforman el sector público andaluz y que se financian fundamentalmente a través de los presupuestos de la Junta de Andalucía ya fue objeto de un proceso auditor en la anterior legislatura, sin que muchas de las medidas que en los trabajos se recomendaban se hayan llevado a cabo. La desigualdad de condiciones entre estos empleados públicos y los que conforman la administración general de la Junta de Andalucía son notorias. Cada ente público tiene su propio convenio colectivo que regula las condiciones laborales de estos trabajadores. Muchos de ellos han contratado seguros de vida o de salud para sus empleados, circunstancia que ahora se quiere regular.
La citada disposición adicional octava incluida en el borrador de presupuestos para 2025 señala que «el aseguramiento del riesgo de vida y accidente del personal de las agencias, los consorcios, sociedades mercantiles del sector público andaluz, fundaciones y demás entidades a que se refiere el artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía solo podrá realizarse en los mismos términos y con las mismas garantías e indemnizaciones que resulten de aplicación al personal de la Administración de la Junta de Andalucía».
Como existen contrataciones vigentes se señala que «para garantizar esta convergencia, las entidades no podrán renovar a su vencimiento los contratos de seguro que, en su caso, hubieran concertado con dicha finalidad, debiendo formalizar su adhesión a la póliza de seguro existente para el personal de la Administración de la Junta de Andalucía». Y añade que «tampoco podrán ser tomadoras de seguros médicos privados a favor de su personal, ni financiar en forma alguna el acceso de los mismos a la sanidad privada, sino en las mismas condiciones y términos establecidos, en su caso, para el personal de la Administración de la Junta de Andalucía».
En la plataforma de contratación de la Administración autonómica se puede consultar cómo entidades como la RTVA, la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, Veiasa o la Empresa Pública de Gestión de Activos han contratado seguros de vida para sus trabajadores en los últimos años. En las auditorías realizadas en la anterior legislatura se concluía que este conglomerado tenía problemas de competencias del personal y se señalaba que se regían por 66 convenios colectivos distintos, 43 propios y 23 sectoriales. El objetivo es que exista una mayor complementariedad entre la Administración General de la Junta y estas entidades.
Otros aspectos
El Anteproyecto incluye nuevas directrices para las adecuaciones retributivas en entidades instrumentales del sector público andaluz.
La ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar de las sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz, en caso de que la tengan, deberá desarrollarse dentro del plazo máximo e improrrogable de tres años desde su autorización.
La ley de Presupuestos para 2025 también mandata que el número de puestos de personal directivo existente en cada una de las entidades del sector público «no podrá incrementarse» respecto al del 31 de diciembre de 2024.
