El Gobierno tiene que enviar a Bruselas en fechas próximas el plan fiscal para bajar la deuda pública a medio y largo plazo. Los países tienen que remitir una senda presupuestaria en la que los gastos aumentan cada año un porcentaje limitado, que permita esa reducción paulatina del endeudamiento en relación al PIB. La lógica es que los gastos crezcan, pero que lo hagan menos que los ingresos, y de esta forma se produzca poco a poco un ahorro o ajuste que disminuya la deuda. Pero aun así, el Ejecutivo tiene que presentar medidas que garanticen esa trayectoria de contención del gasto. Si bien la Comisión Europea acepta que estas solo tengan que detallarse cada año con el presupuesto que se aprueba. Y el Gobierno siempre puede ofrecer también medidas de ingresos para dar algo más de margen al gasto, de modo que no haya que restringirlo tanto. Máxime cuando partidas como las pensiones o la sanidad van a dejar poco espacio para elevar nada más. El cálculo que hacen el Banco de España o la Autoridad Fiscal es que hace falta un ajuste anual del entorno del 0,5% del PIB durante siete años, unos 7.500 millones al año. Bastaría con subir el gasto un punto menos de lo que crezca el PIB nominal y la recaudación. Eso dejaría el endeudamiento en un camino descendente. No obstante, según fuentes conocedoras, la Comisión ha aceptado que se tengan en cuenta los ingresos generados por no actualizar el IRPF con la inflación como una medida a posteriori para comprobar si el Gobierno se ha ceñido a la senda comprometida en el plan fiscal. La estrategia del Ejecutivo español no recogerá esta medida, pero Bruselas la tendrá en cuenta cuando revise el cumplimiento.
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