Un mes después de la toma de posesión de Michel Barnier como nuevo primer ministro de un gobierno que nació frágil y con múltiples frentes abiertos, ahora llega su primer gran reto con los presupuestos del año que viene. El proyecto de Ley de Finanzas 2025, que prevé 60.000 millones de euros de ahorro y subidas de impuestos, ha sido presentado este jueves en Consejo de Ministros en un clima político incierto ya que el ejecutivo se somete a una doble presión: la económica y la política. Por un lado, los mercados no pierden de vista a una Francia sobreendeudada, cuyo déficit público alcanzará este año el 6,1% del PIB, y por otro, la presión en la Asamblea Nacional, con la guillotina preparada para derribar al Gobierno que depende parlamentariamente del no veto de la ultraderecha de Le Pen. La situación es crítica y muestra de ello es la evolución de la prima de riesgo desde las elecciones legislativas de julio. El bono francés a 10 años se negocia actualmente al 3%. Esto no solo es más alto que el alemán, sino también más alto que los bonos a 10 años de España y Portugal, algo impensable hace unos meses.
El nuevo gobierno francés se esfuerza en repetir un eslogan en el que pocos a pie de calle creen. “No es un presupuesto de austeridad”, han repetido a coro los ministros de Economía, Antoine Armand, y Cuentas Públicas, Laurent Saint-Martin, refiriéndose a un texto destinado a recortar el gasto y a su vez, a gravar a los franceses más ricos y a las 300 grandes empresas del país. De los 60.000 millones de euros que hay que encontrar, 40.000 procederán de recortes del gasto público y 20.000 de dichas subidas de impuestos. En concreto, los 65.000 hogares más ricos se verían gravados con 2.000 millones de euros suplementarios.
Esta nueva imposición, que el gobierno minimiza como algo pasajero, es criticada incluso dentro de sus propios apoyos parlamentarios. Se trata de una ruptura con la línea emprendida desde la llegada de Macron al Elíseo y hace crujir a la bancada presidencial del centro. Algo que ya quedó plasmado el pasado martes con una tensa reunión entre Barnier y los macronistas, sus principales aliados en el gobierno. Su antecesor en el cargo, Gabriel Attal, líder ahora de la formación presidencial, advirtió de que les inquieta el exceso en las subidas de impuestos y que observan poca iniciativa para emprender reformas necesarias.
“Será un presupuesto difícil, serio y responsable”, ha repetido el propio Barnier, que el martes pasado sobrevivió a una primera moción de censura presentada por los diputados del Nuevo Frente Popular, a la que no se sumó la ultraderecha. Barnier, que ha descrito la situación como “un país amenazado por una espada de Damocles”, espera recaudar 25.000 millones de euros con los aumentos impositivos. En cuanto a la reducción de gasto público, Barnier ha señalado que estudian fusionar ciertos servicios del Estado, para eliminar duplicidades, y congelar la tasa de reposición de los empleados públicos, para no reemplazar a todos los funcionarios que se jubilen.
Uno de los puntos más controvertidos de los nuevos presupuestos es el “esfuerzo” que el primer ministro va a pedir a los pensionistas, a quienes no se les aplicará la revalorización hasta mediados de 2025, en lugar de a principios de año, como estaba previsto. Esto afectaría también a los jubilados que menos cobran. Marine Le Pen ya ha asegurado que dicha medida sería inaceptable y equivaldría a “robar miles de millones a nuestros mayores”.
Ante la posibilidad de un nuevo bloqueo parlamentario, Barnier ya ha evocado la posibilidad de recurrir al decreto (el famoso artículo 49.3 de la Constitución) para adoptar el presupuesto a finales de año. “Me gustaría que fuera adoptado por la Asamblea Nacional”, dijo el pasado 3 de octubre en la cadena France 2. “Pero si no podemos, utilizaremos el 49.3, que es una herramienta de la Constitución”. El debate presupuestario, que comienza hoy viernes por la mañana en la Comisión de Finanzas, promete ser animado y marcar la temperatura de este primer gran reto de Barnier, que traducido de forma inmediata, vendría a ser corregir con urgencia el déficit público francés, que en 2023 subió hasta el 5,5% del PIB, lo que llevó a la Comisión Europea a abrir un expediente por excesivo. Ahora corre ahora el riesgo de agravarse hasta el 5,6% este año e incluso hasta el 6,2% en 2025 si no se toman medidas urgentes.
