El pleito por el que Berkeley reclama una indemnización millonaria a España por frenar los permisos para una mina de uranio en Retortillo (Salamanca) da sus primeros pasos. La compañía, que inicialmente reclama 1.000 millones de dólares (unos 921 millones de euros), y la Abogacía del Estado han designado ya a los árbitros que quieren que resuelvan la disputa, tal y como marcan las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial. Ahora, ambas partes deben llegar a un acuerdo para nombrar al tercer ‘juez’ que estudie el procedimiento que acaba de arrancar.
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