La polémica continúa. El alcalde de Fuenlabrada, el socialista Javier Ayala, ha trasladado a la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia su “preocupación” por el centro de acogida de inmigrantes instalado por el Gobierno regional en el espacio de La Cantueña, que ya ha recibido a sus primeros menores inmigrantes.
“He mantenido un productivo encuentro con miembros de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, que el mes que viene visitarán nuestro país”, ha avanzado el regidor socialista tras el encuentro, donde ha insistido en que el centro, según él, “incumple las recomendaciones del Consejo de Europa para este tipo de equipamientos”.
En una carta trasladada a los miembros de la Comisión, Ayala pone en conocimiento el proceso para la habilitación de este centro de menores migrantes no acompañados que la Comunidad de Madrid ha instalado finalmente en La Cantueña, insistiendo en que se ha hecho “a espaldas del Ayuntamiento”.
En este sentido, el regidor socialista recuerda en la misiva que la iniciativa se llevó a cabo “aprovechando el verano y tras adjudicar las obras por la vía de urgencia y sin tener en cuenta los procedimientos regulares de contratación pública”.
Resolución de este jueves
En este sentido, este mismo jueves, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 32 de Madrid ha acordado mantener la medida cautelar del pasado 31 de julio por la que se suspendía de forma temporal el acuerdo del Ayuntamiento de Fuenlabrada sobre la reversión de la cesión de los terrenos de La Cantueña, cuya titularidad corresponde a la Comunidad de Madrid y donde se ubica el centro de menores migrantes abierto hace unas semanas.
Así consta en un auto del 7 de octubre, al que este jueves ha tenido acceso Europa Press, por el que se acepta la medida cautelar solicitada por la letrada del Gobierno Regional de suspender el acuerdo de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Fuenlabrada (donde gobierna el PSOE) del pasado 26 de julio, en la que se aprobó poner fin a la cesión del espacio Cerro de la Cantueña de la Comunidad de Madrid para revertir así la titularidad de dicho centro al Consistorio.
El juez expone en el auto que “sí se aprecian razones objetivas, ciertas y manifiestas que permiten apreciar en el caso analizado la producción de daños de reparación imposible o difícil”, en caso de que se revirtiera el uso actual como centro de menores.
Tras la confirmación de la cautelar conocida este jueves, ahora falta conocer la sentencia definitiva acerca del caso, en una batalla judicial que se ha prolongado durante todo el verano.
