El demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la «trama Koldo» es la gota que colma el vaso y coloca al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un auténtico polvorín. El malestar entre los agentes del Cuerpo es enorme tras aflorar las noticias de casos de corrupción que les afectan. El supuesto chivatazo del ex Director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, al asesor del ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García, o la red de miembros presuntamente corruptos que gestionaba el comandante Villalba han caído como una losa en el Instituto Armado dónde arrecian las críticas hacia Marlaska, a quien acusan de haber premiado a Marcos con un suculento puesto en la Embajada española en Washington dónde, según estas fuentes, cobra 20.000 euros mensuales. El informe de la UCO en el que Koldo apuntaba a Leonardo Marcos como «el chivato» de la trama ha desatado una tormenta política que pone al titular de Interior y su ex Director de la Guardia Civil en el ojo del huracán. Los agentes de la Benemérita han realizado un trabajo minucioso, altamente documentado, en el que aparecen implicados algunos de sus propios compañeros en un escándalo que salpica a Marlaska, al PSOE y al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El escenario es sórdido y lamentable. El informe de la UCO en poder del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, refleja la corrupción de unos aprovechados, entre ellos el «conseguidor» Víctor de Aldama, junto a las gestiones de Koldo ante el ex ministro Ábalos y la entonces vicepresidenta económica, Nadia Calviño, para el rescate de la aerolínea Air Europa. Además, la Guardia Civil detalla la intermediación del asesor del ex ministro de Fomento ante Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, presidentes de Baleares y Canarias durante la pandemia, para lograr adjudicaciones de mascarillas y test PCR. Ante la gravedad de los hechos, el PP ha citado de urgencia en el Senado al ministro del Interior y al ex Director del Instituto Armado. Así, el PP ha reactivado la Comisión de Investigación sobre el «caso Koldo» dónde comparecerán el ministro Marlaska; el Secretario de Estado Rafael Pérez; el ex Director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, que dio el chivatazo a Koldo Garcia de que estaba siendo investigado; y, el ex alto cargo del Gobierno, David Cierco, que recibió como director de Red.es las cartas de recomendación de Begoña Gómez a favor del empresario Carlos Barrabés.
Todos ellos aparecen en el listado presentado por el PP en la Cámara Alta. El ministro del Interior ha sido citado el jueves 24 de octubre. El Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, el viernes 25. Leonardo Marcos González, ex Director de la Guardia Civil, y Rubén Villalba Carnero, ex comandante implicado en la «trama Koldo», el lunes 28 de octubre. El partido de Alberto Núñez-Feijóo citará también a otros altos cargos de Interior, así como directivos de Globalia, entre ellos el ex CEO Javier Hidalgo. Para el PP, el informe de la UCO revela claramente que «el epicentro de la trama Koldo está en Ferraz» y demuestra que Marlaska cesó a Leonardo Marcos como Director de la Guardia Civil por «ser quien filtraba a los implicados que estaban siendo investigados». Los populares no piensan soltar la pieza de este escándalo y exigen al ministro del Interior y al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que den explicaciones sobre este abultado entramado de corrupción. Desde su llegada al ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha vivido sobre una cascada de frentes abiertos, a cada cual más complejo. El varapalo del Tribunal Supremo contra la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos, en cuya sentencia denunciaba que fue ilegal y se vulneró la Ley de Extranjería. Un auténtico mazazo para un hombre que es juez de carrera, aunque él asegura que la operación se efectuó con absoluta legalidad y en función de los intereses de los expulsados. Marlaska afronta duros ataques de la oposición contra su política migratoria, cada vez más agravada por la avalancha de cayucos y los miles de migrantes que invaden el archipiélago canario. Otro conflicto es la situación en las salas de asilo de inmigrantes inadmitidos en el aeropuerto madrileño de Barajas, donde los sindicatos policiales han denunciado el colapso de centenares de personas en condiciones de insalubridad y falta de personal que ha permitido fugas de algunos de ellos.
Fernando Grande-Marlaska es el ministro más abrasado del Gobierno, aunque hasta la fecha mantiene la confianza del presidente, y uno de los pocos que acompañan a Sánchez desde su llegada al Gobierno, metido siempre en un avispero político como el ministro más reprobado de la historia parlamentaria. En el ojo del huracán desde su llegada al ministerio en 2018, en su primer viaje oficial a Marruecos abordó el problema migratorio, que no ha dejado de crecer durante su mandato. La retirada de las concertinas en Ceuta y Melilla; los asaltos de inmigrantes a la valla; sus enfrentamientos con la Policía Nacional y la Guardia Civil con los ceses del coronel Diego Pérez de los Cobos y la propia Directora de la Benemérita, María Gámez; el traslado de los presos de ETA a las cárceles vascas; las cesiones penitenciarias a Bildu; la reciente normativa para abreviar las penas a los etarras más sanguinarios; y, sus frías relaciones con las víctimas del terrorismo, son conflictos bajo su gestión. Ello contrasta con su pasado como magistrado en el País Vasco y la Audiencia Nacional, donde fue un implacable azote contra el terrorismo etarra y ordenó la entrada en prisión de Arnaldo Otegi. Hasta el punto de estar en el punto de mira de un comando de ETA, que pretendía un atentado contra su vida. Quienes compartieron sus años como juez en Euskadi y la Audiencia Nacional le ven ahora irreconocible.
