Con las cenizas del mundo socialista aún calientes, el economista John Kenneth Galbraith alertaba sobre el retroceso de los sistemas de bienestar occidentales. Y escribía: “No hay ningún país económicamente avanzado —y es un hecho que lamentablemente se pasa por alto— en que el sistema de mercado produzca casas que puedan permitirse los pobres”. Lo que en 1992 parecía solo una advertencia, en 2024 suena a profecía cumplida. Prácticamente todas las economías prósperas enfrentan una gran emergencia de acceso a la vivienda. España no es una excepción: las dificultades se acumulan apenas una década y media después del estallido de la burbuja. Y son muy distintas a las de entonces. Ahora faltan casas, unas 600.000 según el Banco de España solo para compensar el desequilibrio entre lo poco que se construye y los nuevos hogares que se crean, y conseguir hipotecas es mucho más difícil. Esto ha desplazado la tensión a los alquileres, sobre todo en algunas ciudades. Pero en un país que destaca negativamente por su escaso parque de vivienda pública, los aprietos se han extendido y no afectan solo a los “pobres” de los que hablaba Galbraith en La cultura de la satisfacción. La desigualdad está creciendo y algunos grupos demográficos, como los jóvenes o los migrantes, han caído en una “trampa” con difícil escapatoria.
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