Aunque el derecho a disfrutar de una vivienda “digna y adecuada” está consagrado en el artículo 47 de la Constitución, hoy en día parece más un anhelo que una realidad alcanzable. A pesar de los años de crecimiento económico sostenido tras la crisis de 2008 —con la excepción del impacto de la pandemia—, ese progreso no se ha traducido en un mejor acceso a la vivienda para la mayoría de la población sino más bien en lo contrario; y uno de los motivos principales es que no ha habido un aumento significativo del parque de viviendas de protección oficial o VPO (es decir, casas construidas con recursos públicos y con un precio máximo de venta o alquiler fijado por la Administración). En las últimas dos décadas, España ha oscilado entre planes fragmentados y decisiones que, lejos de aliviar el problema, han agravado una crisis residencial que afecta también a otras capitales europeas.
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