Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos y acreditado jurista, José Manuel Vera Santos se mira en el espejo de Unamuno y le duele España ante lo que considera un debilitamiento del Estado de derecho. No tiene redes sociales, pero su afán por acercar la Carta Magna a los ciudadanos lo plasma en una web, constitucionparatodos.com, donde se prodiga en videos divulgativos que suman en total -afirma con orgullo- un millón de visualizaciones. En conversación con LA RAZÓN, muestra su preocupación por la “crisis evidente de los principios políticos que nos llevaron a ser modélicos en la Transición”.
¿Qué balance hace de la reforma que permitirá la excarcelación de casi medio centenar de etarras al descontarles las penas que cumplieron en Francia?
Desde el punto de vista moral es una aberración y desde el punto de vista jurídico ha puesto de manifiesto el descontrol que existe en el Gobierno y, también, en la oposición.
La trasposición de esa decisión marco europea ya se hizo en 2014 y fue avalada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Modificarla ahora responde a meras razones jurídicas o a motivaciones políticas?
Hablamos de valores y hablamos de política, y esta decisión, como otras que se han adoptado, como por ejemplo el denominado cupo catalán, vienen dadas más por criterios políticos que por cuestiones de otra índole.
El Gobierno ya intentó blindar el ascenso de Dolores Delgado en una reforma de la ley concursal. Ahora la medida que beneficia a los terroristas de ETA se ha incluido en una modificación de una ley orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales. ¿Ve un posible fraude de ley?
No se puede hablar de fraude de ley, pero sí de fraude en la confianza y en la relación entre las instituciones. La inclusión de enmiendas que no tienen nada que ver con la materia que se está regulando lo que supone es conculcar el derecho de las minorías a poder discutir sobre cuestiones muy relevantes, como es el caso, y hurtar también los informes técnicos necesarios que se tienen que emitir.
La Ley de Amnistía ya está en manos del Tribunal Constitucional. ¿Considera que la norma tiene encaje en la Carta Magna?
A mí me gusta denominarla la ley de autoamnistía, porque los propios amnistiados han puesto de manifiesto que colaboraron en su elaboración. La Ley de Amnistía es una aberración moral y absolutamente inconstitucional, porque atenta contra principios fundamentales de la Constitución como el principio de igualdad y pone manifiesto una falta de ética en la política que echo mucho de menos tanto en nuestros dirigentes como en la propia sociedad en general.
El Tribunal Supremo deja fuera del ámbito de aplicación de la amnistía el delito de malversación, lo que impide que Puigdemont se beneficie de la medida. ¿Cree que como ocurrió con la sentencia de los ERE el TC puede corregir ese criterio sin invadir la posición del Supremo como cúspide de nuestra jurisdicción?
Hay dos instituciones que están funcionando en estos momentos de crisis del Estado de derecho de una manera esencial: una es la Jefatura del Estado y otra el Poder Judicial. Creo que el Tribunal Constitucional, casi con total seguridad, va a ser perfectamente consciente de la necesaria autocontención que debe tener respecto a los pronunciamientos del Tribunal Supremo.
Los ataques al juez Peinado desde el Gobierno por su investigación a Begoña Gómez ¿pueden enmarcarse en la crítica a las resoluciones judiciales o trascienden a las mismas y cuestionan la independencia judicial?
Los clásicos decían que el poder que mas tiende a acumular el resto de poderes es el Poder Ejecutivo, por eso precisamente debe ser el más cauto a la hora de realizar sus declaraciones. Esas críticas pasan a ser ataques y dejan de ser legitimas para convertirse en un abuso institucional. No puede ser que desde el Consejo de Ministros se esté cotidianamente atacando la actuación de un juez de instrucción, ni siquiera de una sentencia sino en una fase previa como es la instrucción. Tampoco puede ser que quien ejerce la portavocía de Presidencia del Gobierno haya sido multado en varias ocasiones por conculcar la Ley Electoral. Siempre digo lo mismo: el límite último que separa el Estado de derecho del estado autoritario es la independencia judicial y la actuación de los jueces. Como le dijo el molinero a Federico II, el Kaiser, cuando le quiso quitar su molino: todavía quedan jueces honestos en Berlín. Pues aquí pasa exactamente lo mismo: siempre que queden jueces honestos nuestros derechos y libertades podrán ser defendidos. De lo contrario, entraremos en el caos.
Hacía antes referencia al cupo fiscal catalán. ¿Cabe en la Constitución?
Lo primero que hay que decir al respecto es que el cupo vasco y el navarro nos podemos encontrar que, como dice la doctrina alemana, son normas constitucionales pero al mismo tiempo inconstitucionales con carácter teórico, porque aunque están asumidas en la Constitución no dejan de ser chocantes en el ámbito constitucional y conculcan principios generales. La existencia de un cupo fiscal en una comunidad autónoma lo que hace no es romper interregional sino romper la solidaridad entre los españoles. Las regiones no pagan impuestos, sino que los pagan los ciudadanos. El Estado debe tener la capacidad impositiva para poder desarrollar los diferentes servicios que dotan de libertad e igualdad real y efectiva a los ciudadanos.
¿Cree que la ley electoral debería reformarse? ¿Considera que el peso del independentismo en la política nacional es atribuible al sistema electoral?
La presencia de partidos nacionalistas e independentistas en el juego político español ha sido sobredimensionada desde el principio por la ley electoral, y eso es algo que se sigue produciendo y provoca mucha cacofonía a la hora de la toma de decisiones, Tanto es así que tenemos un Gobierno en manos de personas que quieren acabar con España y con la libertad e igualdad de los españoles.
Soy partidario de que se modificara para garantizar un sistema más justo.
Desde aquel “Montesquieu ha muerto” han pasado muchos años. ¿Cuál es su diagnóstico sobre la separación de poderes en España?
Estamos en una pendiente enormemente peligrosa respecto al control de poderes, lo que supone una falta de protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Nos encontramos ante una personalización absoluta del poder tendente a cierto autoritarismo irrespetuoso con los procedimientos en la toma de decisiones, como se puede constatar en la utilización de las proposiciones de ley y los decretos-leyes de manera torticera, y también de las propias instituciones, con desprecios a Felipe VI, al Consejo General del Poder Judicial, a las comunidades autónomas como tales, no reuniéndose con ellas sino haciéndola de manera bilateral… Aparte de que moralmente hay una crisis evidente de los principios políticos que nos llevaron a ser modélicos en la Transición cuando aprobamos la Constitución de 1978.
¿Esa pendiente es irremediable?
No. Confío en España y en los españoles.
¿Ve signos de debilidad en el Estado de derecho en España?
Sí, hay muchos signos de debilidad en el Estado de derecho. Pero no porque lo diga yo, sino porque lo dice el informe de la Comisión de Venecia o el de la Fundación Hay Derecho, y porque personas académicamente muy influyentes como Teresa Freixes o Manuel Aragón lo ponen de manifiesto de manera cotidiana. Es evidente. Estamos en presencia de un intento de control no solo de otros poderes, sino de la sociedad civil, desde las empresas de participación pública hasta los medios de comunicación, con lo que supone de pérdida de libertad de todos los ciudadanos.
Usted no cree en el plan de regeneración democrática.
No creo en el plan de regeneración democrática, después de habérmelo leído, porque se puede convertir en un autoritarismo alejado absolutamente de la normativa comunitaria.
A usted, como a Unamuno, “le duele España”.
Me duele España y su situación actual, por lo que ha sido en la Historia y por lo que será en el futuro. Me llena de dolor, pero creo en España, creo en la libertad y confío en los españoles.
Colabora con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos e incluso participó en las enmiendas a la Constitución que presentó la oposición. ¿Con qué objetivo?
El objetivo es llevar la libertad a un país absolutamente oprimido y que, tarde o temprano, tendrá que seguir un camino como el que seguimos en España con la Transición. Estoy muy sensibilizado con este tema.
